Miscelánea, por Gonzalo Vial.
LENTA PENETRACION. La idea, tan sencilla y perogrullesca, de que no se tiene éxito en educar gratuitamente a un niño, si al hacerlo se gasta menos de la mitad de lo necesario para lograr una calidad razonable, va penetrando, pero lentamente.
Los últimos conversos son las municipalidades y su asociación. Enhorabuena, aunque debieran haberse percatado hace como mínimo veinte años. En fin, más vale tarde que nunca.
Pero, de todos modos, la penetración es lenta e incompleta. Por ejemplo:
Entre las “recetas” del candidato presidencial de RN que publica El Mercurio (29 de abril), figura “duplicar… la actual subvención educacional, incrementando de 30 a 60 mil pesos su valor promedio por alumno-mes” lo que, afortunadamente, en los últimos meses se ha convertido en un lugar común pero con este cogollo: que la mayor subvención deberá “ser diferenciada por alumno, de forma de privilegiar a los de menor nivel socioeconómico y mayores carencias”. Vale decir, a los alumnos “vulnerables”.
No es así. Los sesenta mil pesos son el mínimo necesario para dar educación gratuita y de calidad a un estudiante CORRIENTE. El estudiante vulnerable REQUIERE DE UN PLUS POR ENCIMA DEL CORRIENTE. Si los sesenta mil pesos se distribuyen de modo que el primero reciba MAS de esa suma, y el segundo MENOS, el resultado es, matemáticamente, que los alumnos corrientes, que son la mayoría, NO RECIBAN EL MINIMO NECESARIO PARA EDUCARSE CON CALIDAD TAMBIEN MINIMA, PERO ACEPTABLE. Y lo más probable es que el niño o joven vulnerable TAMPOCO reciba, sobre la subvención corriente, el plus que requiere para superar sus carencias.
En La Tercera del 30 de abril, un experto en desarrollo humano del PNUD da su receta para mejorar la calidad de la educación subvencionada, visto el fracaso —afirma— de la “competencia basada en la libertad de elección”. La receta: «más control y mejores reglas»; «definir estándares de calidad» para «un conjunto de prestaciones mensurables, verificables y exigibles», y que exija su cumplimiento «una superintendencia de educación autónoma y de alto nivel técnico», etc., etc.
NI UNA PALABRA, en todo el artículo, sobre que estas exigencias y controles recaerían sobre personas, los sostenedores, municipales y privados, que reciben la mitad del mínimo necesario para tener éxito, y a las cuales se prohíbe (justificadamente, en la teoría de la enseñanza gratuita) recabar de los padres cualquier otro ingreso.
«FINANZAS I». Este curso de la carrera económica, en Harvard, debe propiciar sin duda que si una empresa privada cae en la insolvencia, una empresa pública eleve su capital para prestarle dinero a la primera, sin seguridad de devolución.
NO ES CIERTO. No, no puede ser cierto que el obrero Rodrigo Cisternas, 26 años, casado, una hija, muerto durante un enfrentamiento con carabineros en Horcones, VIII Región, ganara sesenta mil pesos mensuales (La Tercera, 5 de mayo). Debe tratarse de una mala información proporcionada por la viuda, o de un error de imprenta. ¿Sesenta mil pesos mensuales, cuatro dólares diarios, en el país-jaguar, el ejemplo y modelo de desarrollo del continente?
LIBERTAD DE PRENSA. Perdonen que siga —última vez, prometo— con el libro de Víctor Farías: «Salvador Allende: el fin de un mito». Pero he sido víctima de hilaridad incontenible al saber que la Fundación Salvador Allende se había presentado (sin éxito, obviamente) a la justicia de Madrid, para pedir la requisición y la prohibición de vender y de distribuir la anterior obra del propio Víctor Farías sobre el mismo tema.
La Fundación referida es manejada por Joan Garcés, asesor político de Allende durante la Unidad Popular. También es prominente en aquélla un antiguo empresario allendista, que con el patrocinio de Garcés tiene demandados 500 millones de dólares al Estado de Chile, suma que entregará a la Fundación, dice, por el diario Clarín, que confiscaron los militares. Diario que nunca fue del demandante, sino como testaferro de Salvador Allende. Ni tampoco pudo ser de éste, un hombre honesto, que no tenía ni de cerca, ni el testaferro tampoco, los seis millones de dólares, moneda de hoy, que recibió por Clarín su dueño, Dario Sainte Marie, Volpone, de feliz memoria.
Mi hilaridad viene de que estos prehistóricos personajes de la UP siempre aparecieron y quieren continuar apareciendo como paladines de la libertad de expresión y de prensa. Y ahora andan detrás de la justicia burguesa y capitalista, para que confisque y así nadie pueda conocer un libro. A la vejez, viruelas, dice el proverbio.
MALA DISTRIBUCION DEL INGRESO. En la homilía catedralicia del lº de Mayo, criticó esa distribución el Vicario de Pastoral Social y de los Trabajadores, como “una de las causas centrales que deriva en acuciantes brechas sociales”. «Llamó al diálogo para buscar salidas» (El Mercurio, 2 de mayo).
Que una persona gane mucho, muchísimo más que el común, puede ser para ella un problema ético según como gaste el exceso, pero no es un problema de la sociedad. Caben también recomendaciones morales a su respecto, pero no coerciones jurídicas, que hace años se sabe son totalmente inútiles. Y fustigarlo da pie a respuestas odiosas, del tipo “la paja en el ojo ajeno…” ¿Contribuyen a la “brecha” de remuneraciones, por ejemplo, las que ganan las figuras estelares del canal televisivo del Arzobispado?
Lo que sí puede llamarse con justicia problema de la sociedad, es algo muy distinto: el hecho de que no todos los chilenos ganen por su trabajo lo que la Doctrina Social de la Iglesia definió ya hace bastante tiempo como “salario justo”, es decir, el que permite a una persona llenar sus necesidades materiales y espirituales, criar y educar a su familia, y ahorrar para la enfermedad y la vejez. Si todos los chilenos recibieran cuando menos el salario justo, ¿qué importancia tendría que algunos ganaran cien o mil veces más (salvo, reitero, para ellos mismos)? Entiendo que la “brecha” ha sido invocada de buena fe y con los mejores propósitos, pero de hecho sólo es combustible de la envidia y la demagogia, y cortina de humo que oculta las verdaderas soluciones de los problemas sociales.
TEMORES. Los expresó el ministro de Economía, por la extrema brevedad de un período presidencial de cuatro años. “Probablemente es el paraíso político de lo urgente y el escenario menos propicio para abordar lo trascedente” (El Mercurio, 3 de mayo).
Tiene toda la razón. Y la culpa es de la última reforma constitucional, que barrió con los enclaves autoritarios de la dictadura, etc., e implantó lo que algún humorista llamara «La Constitución de Lagos». ¡Hasta lo hicieron firmarla!
En ese entonces, una fórmula teórica, invocando ¿cuándo no?, ejemplos extranjeros, barrió con TODAS las tradiciones chilenas sobre período presidencial. Hemos practicado, durante doscientos años, quinquenios reelegibles; quinquenios sin reelección; sexenios ídem, pero nunca lo de ahora. Su introducción resulta tanto más absurda, cuanto era unánime la queja de cada supremo mandatario, de 1925 adelante, respecto a que su tiempo efectivo de gobierno había sido tres o cuatro años… viéndose de allí adelante entorpecido, si no paralizado, por la sucesión presidencial. ¡Y sin embargo, rebajaron el plazo todavía más!
Tampoco es solución, como cree el ministro de Economía, la posibilidad de reelegir al presidente en ejercicio. En ese evento, el primer cuadrienio estaría enfocado principalmente a conseguir el segundo, con buenas o malas artes.
Son las desventajas del constitucionalismo de escritorio, al margen de tradiciones y realidades sociales.
«ANTES Y DESPUES». El ex Presidente Lagos defiende su gestión ambiental diciendo que “hay un antes y un después en Chile luego de la reacción gubernamental… con la empresa Celco de Valdivia, acusada de contaminar el río Cruces” (El Mercurio, 3 de mayo).
Es efectivo el “antes y después”, pero no por los motivos que cree el ex Mandatario.
A esa empresa, en verdad, le fueron modificadas las condiciones ambientales ya aprobadas y vigentes para el manejo de su planta de Valdivia. Entre las modificaciones unilaterales, figuró una sustancial menor producción 20% que la determinada y autorizada por el estudio de impacto ambiental en vigor, aprobado por los competentes organismos de gobierno. Calcule el lector lo que significa para un empresario realizar una inversión de 1.200 millones de dólares, como negocio cuya rentabilidad óptima exige producir 100, y que de repente, sin ninguna razón nueva y objetiva, y ya completa y marchando la inversión, se le diga: “No puede producir más de 80”.
Y no se me alegue que fue por la muerte de los cisnes, pues: 1. Nadie ha demostrado, ni siquiera alegado, ningún vínculo entre los dos hechos, volumen de producción y despoblamiento de cisnes, y 2. Si ese vínculo existía, tocaba a la autoridad medioambiental exigir el menor volumen DESDE EL COMIENZO, y no inducir a error y causar pérdidas al empresario, permitiéndole una producción mayor para después rebajarla.
Este es el «después» de que se jacta el ex Presidente. Un «después» que, no nos engañemos, ha sido anotado por todos los empresarios de Chile y del mundo, en calidad de ejemplo de país poco formal y escasamente confiable respecto a normas del medio ambiente.
Tomado de Diario La Segunda.
lunes, mayo 14, 2007
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