Pena de muerte.
En principio nadie puede ser partidario de quitar la vida a un ser humano, pero, no es posible abstraerse a la ocurrencia de crímenes bestiales, como el asesinato de la niñita Francisca Silva en Valparaíso, que demuestra fehacientemente que la falta de sanciones ejemplarizadoras nos lleva a tener que soportar permanentemente acciones inhumanas.
Creemos que crímenes aberrantes y de extrema crueldad, que demuestran ciertamente un absoluto desprecio por el resto de la humanidad y una absoluta carencia de frenos morales, debe ser sancionada “proporcionalmente” con el acto que se quiere castigar, no como venganza, sino que para evitar la repetición de sucesos similares realizado por verdaderos animales.
Crímenes tan espantosos como la violación, el asesinato de menores, el tráfico de estupefacientes, nos muestran a una sociedad enferma que atemoriza a la ciudadanía que se siente indefensa ante la criminalidad de algunos desarraigados que creen que la satisfacción de sus instintos, o la consecución de bienes, justifica cualesquier acción.
Los actuales Gobernantes nos han mentido permanentemente, estos delitos que alarman a la población se están transformando en cotidianos, y nos han engañado con la ficción que en Chile se abolió la condena a muerte, y que no se puede reinstaurar en cumplimiento con lo pactado en Costa Rica, pacto de San José.
Chile no abolió esta condena, solo la eliminó del Código Penal, pero dejándola vigente en el Código de Justicia Militar, lo que permite, por no haberse eliminado de la legislación vigente, su extensión a casos extremos de violencia y maldad, en especial con aquella que es aplicada contra los más débiles de nuestra población, los niños.
Un periódico capitalino de ayer en una encuesta realizada por su centro de sondeos, en muestreo realizado ANTES del asesinato de la niña de Valparaíso, que ciertamente cuenta con todas las agravantes, mostró que un 63% de la población está de acuerdo con aplicar este castigo ante casos de extrema crueldad.
No aplicar esta sanción implica una grave distorsión intelectual y moral, pues se autoriza a los criminales a aplicarla contra la indefensa sociedad, mientras el Estado se niega a cumplir con su obligación Constitucional de velar por la vida, la seguridad y la tranquilidad del resto de la ciudadanía.
