Chile, el Golfo de México y el Mar Egeo, por Roberto Ampuero.

Chile, el Golfo de México y el Mar Egeo,

por Roberto Ampuero.

Estoy en Alemania y no hallo aquí la atmósfera de confianza que respiré hace dos meses, ni menos la de hace un año, cuando el país celebró el vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín. Esta vez reinan la incertidumbre y la frustración entre los alemanes con respecto al destino del euro y las economías vecinas. Tensa inseguridad percibí también en Dublín, por la crisis griega, y cuando salí de Estados Unidos las esperanzas en la recuperación nacional se habían convertido en angustia tras el desastre ecológico de la BP en las costas de Luisiana.

En rigor, tanto el Golfo de México como Atenas están más cerca nuestro de lo que imaginamos. La tragedia estadounidense plantea a todos, Gobierno y oposición, interrogantes delicadas: ¿Cómo está realmente nuestra protección ambiental? ¿Podemos confiar de verdad en los estudios de impacto ambiental de expertos contratados por las empresas que explotan los recursos? ¿Y son auténticamente independientes las instituciones encargadas de fiscalizar esas operaciones? El desastre de la BP puso de manifiesto no sólo que a veces los expertos son incapaces de cerrar la caja de Pandora que abren por encargo, sino también que existe complicidad entre consorcios y autoridades fiscalizadoras, una complicidad que en EE.UU. implicaba suministro de viajes, orgías y drogas a los supuestos fiscalizadores. Luisiana muestra también el peligro que representan empresas que gracias a su poderío terminan colegislando a su favor. En Luisiana vemos también que la internacionalización de capitales ha creado entidades sin lealtad a patria alguna, que sólo se guían por la maximización de ganancias. Un gobierno de centroderecha debe prestar especial atención a estos riesgos y rayar bien la cancha. En Estados Unidos, la influencia de gigantescos intereses particulares a través de lobistas y políticos está dejando ahora una letal huella oleaginosa de efectos ambientales y sociales aún imprevisibles.

Por otra parte, la crisis europea, que comenzó con el desbarajuste financiero de Grecia, pero compromete ahora a la Unión Europea, nos plantea otro tema: ¿Cómo reaccionar ante la crisis del Estado social, instalado en el horizonte programático de la izquierda renovada y el centro? ¿Sigue siendo viable ese generoso modelo socialdemócrata en la era de la globalización y a la luz de los recortes estructurales que hacen hoy los europeos? Para sus críticos, fueron precisamente la generosidad y el tamaño de esos estados lo que causó la crisis. Es un tema crucial para quienes se identifican con la Europa social de posguerra. Fue una Europa ejemplar por lo expansiva en el gasto social, pero al parecer inviable a largo plazo. Habrá que observar la lectura que haga la izquierda socialdemócrata de la crisis de su modelo inspirador y qué rescata de él para Chile. Los europeos se preguntan hoy cómo mantener prestaciones sociales históricas y recuperar al mismo tiempo austeridad fiscal, crecimiento, competitividad y financiamiento a largo plazo del modelo. Pero la crisis europea nos recuerda otros desafíos cuya solución aún esquivamos: el envejecimiento de la población, el financiamiento futuro de beneficios sociales, la formulación de una política migratoria de largo aliento, ajustada a nuestras necesidades.

Como se ve, las aguas del Golfo de México y del Mar Egeo también bañan nuestras costas.

Dolores de ajuste en Europa, por Alejandro Ferreiro.

Dolores de ajuste en Europa,

por Alejandro Ferreiro.

Noche agitada en Bruselas la de ayer. En maratónica sesión, los ministros de finanzas de los 27 países de la Unión Europea buscaban la forma de proteger a los países más frágiles del bloque de la creciente desconfianza manifestada en los mercados de deuda pública acerca de su capacidad de honrar sus obligaciones. La urgencia del rescate no surge solo, ni primeramente, por solidaridad frente a las economías más aproblemadas de Portugal, Irlanda, España y, por cierto, Grecia. Lo que verdaderamente parecía en juego era la estabilidad y sobrevivencia del euro junto al considerable riesgo de arrastrar al continente europeo a un segundo impacto recesivo de impredecibles consecuencias económicas, sociales y políticas. En la madrugada de este lunes, los líderes de las economías de Europa acordaron un paquete de ayuda de hasta 720 mil millones de euros. Garantías entre estados, préstamos de emergencia administrados por la Comisión Europea (especie de poder ejecutivo de la UE) y un incremento del apoyo del FMI forman el nuevo instrumental de ayuda que marca la principal reforma al sistema monetario europeo desde la creación del euro en 1999.

La urgencia de acordar algo contundente y tranquilizador un domingo en la noche buscaba evitar que la desconfianza en las finanzas europeas se tradujera en un colapso bursátil el lunes por la mañana que hiciera más costoso aún, si no imposible, el rescate del euro. Al menos, por el momento, el objetivo se ha logrado. Las bolsas asiáticas, europeas y americanas han reaccionado con optimismo y fuertes alzas, revelando que el plan de “blindaje europeo” se percibe creíble y suficiente.

Pero si la Unión Europea logra evitar el colapso de su moneda y el de sus países miembros más endeudados y dependientes del capital extranjero, nada podrá evitarle el sufrimiento del ajuste. Buena parte del debate nocturno en Bruselas apuntó a la necesidad de sacrificios adicionales en el presupuesto fiscal en Portugal y España, cuyos déficits bordearon el 13% el año pasado. Ya la calle y las encuestas se han opuesto al draconiano, aunque inevitable, plan de ajuste griego. Nada de popular resulta el congelamiento de salarios públicos, el despido probable de cerca de 100.000 funcionarios y el aumento de la edad de jubilación anunciado en Atenas.

El Estado de bienestar europeo enfrentará su mayor desafío en décadas. Un continente aún convaleciente por la crisis mundial deberá retirar aceleradamente el estímulo del gasto público para evitar una crisis de deuda. Un ajuste fiscal sobre economías débiles dañará aún más el crecimiento y el empleo. La estabilidad política de los gobiernos será sometida a prueba, como también la vocación europeísta de las naciones que, sumidas en la recesión, sufrirán como nunca los costos de carecer de autonomía para ajustar tasas de interés o devaluar sus monedas. La unidad monetaria europea funciona bien en tiempos de bonanza –y de hecho contribuyó a alcanzarlos– pero resulta rígida y costosa cuando se trata de administrar las crisis económicas. Los ajustes, en este escenario, sólo pueden darse a nivel del gasto público y la productividad. Costosos efectos en el nivel de empleo y de salarios serán parte del escenario previsible. Estos sacrificios no son fáciles de hacer en democracia. Tiempos difíciles para los liderazgos políticos del viejo continente: será la hora de distribuir sacrificios y concentrarse en las responsabilidades cívicas, más que en la expansión de los derechos que ha caracterizado a la política europea en las últimas décadas.

Buena parte de Europa deberá enfrentar algo que en Chile no conocemos desde hace casi medio siglo. Debemos remontarnos al período de Jorge Alessandri después del terremoto de Chillán para encontrar el último caso de ajuste fiscal de cierta importancia en democracia. Desde entonces, la democracia chilena ha convivido sistemáticamente con aumentos anuales en los niveles de gasto público. Los ajustes fiscales significativos de las últimas décadas fueron aplicados en el gobierno de Pinochet.

Presumo que no sería nada de fácil para un gobierno democrático, especialmente a la luz de la fascinación que producen las encuestas, aplicar un ajuste fiscal en Chile de la envergadura de los que hoy resultan inevitables en varios países europeos. Siempre habría buenas razones para dejar al próximo gobierno la aplicación de los sacrificios impopulares. Razón adicional para aquilatar las fortalezas fiscales construidas en este país en los últimos años. A la responsabilidad fiscal impulsada por los gobiernos concertacionistas, debe agregarse un sistema de pensiones autofinanciado en el que las variables principales se ajustan mediante decisiones individuales que no afectan mayormente el tesoro público. Cuando Europa se ve enfrentada a la necesidad, tan impopular como impostergable, de aumentar la edad de jubilación o disminuir el monto de las pensiones, cobra relevancia la característica del sistema chileno que entrega a cada persona, la ponderación de los costos y beneficios de elegir cuánto cotizar y cuándo jubilarse.