jueves, mayo 13, 2010

La radiografía, por Max Colodro.


La radiografía,

por Max Colodro.

Era inevitable: más temprano que tarde algún integrante del núcleo histórico de la Concertación abriría los fuegos respecto a las causas de la derrota, trizando el mutismo de las filas y poniendo los dedos sobre las llagas. Era algo necesario y tendrá sin duda efectos positivos, más allá de si se comparten o no muchas de las tesis y diagnósticos puestos en circulación por Eugenio Tironi. El estruendo y las réplicas han sido grandes y lo serán aún más, ya que su autor no sólo ha sido parte del ethos concertacionista durante más de veinte años, uno de sus principales referentes intelectuales, sino porque, también, le tocó jugar un papel gravitante en el diseño y el despliegue de una campaña que terminó estrellándose contra el muro de una derrota sin bemoles.

Empieza a quebrarse el pacto de silencio; cae el telón de los eufemismos. Queda atrás el eco de ese ridículo cónclave realizado en abril, donde nadie estuvo dispuesto a iniciar la autocrítica pura y dura. Hoy, y al margen de cualquier otra intención que se le asigne, Tironi mueve el piso y lo hace poniendo en tela de juicio aspectos fundamentales: la calidad y pertinencia de Eduardo Frei como candidato; el rol y la responsabilidad de la ex Presidenta Bachelet en el fracaso de su coalición; la «lectura equivocada» que se tuvo del fenómeno ME-O y de sus consecuencia y, por último, la incapacidad de la Concertación para entender la naturaleza de los cambios que había vivido el país en los últimos años.

Ahí están precisamente muchas de las claves de la derrota, aunque no todas. Es cierto que Frei era un mal candidato, que representaba mucho más al pasado que al futuro. Es cierto que la Concertación realizó unas primarias vergonzosas, que cerró las puertas al debate y a la competencia, especialmente, de la generación de recambio. Es cierto que Bachelet y su gobierno tuvieron una responsabilidad enorme al dinamitar buena parte de la gestión de su antecesor, sin la más mínima lealtad y compromiso con la «obra» de la Concertación. Es verdad que no se entendió nada de lo que representó la irrupción de Marco y que el comando de Frei se vio atrapado por la fuerza de un tsunami electoral incontrarrestable. Es cierto, por último, que no fueron capaces de entender la profundidad de los cambios en la sociedad chilena y que siguieron hablándole a la gente de un país que ya no existía. Todo eso es verdad, pero falta sin duda algo más: las causas de fondo que explican toda esa «sintomatología». Eugenio Tironi ha dicho en estos días que la principal razón de la derrota tiene nombre y apellido: Marco Enríquez. En eso, al menos, se equivoca: la principal causa del fracaso electoral fue la propia Concertación.

Fue la Concertación la que no quiso «leer» ni hacerse cargo de la naturaleza de su propio desgaste; la que llevaba más de una década perdiendo votos y no estuvo dispuesta a indagar en las causas. En las elecciones de alcalde del 2008 perdió casi todas las ciudades y comunas importantes, pero prefirió sacar cuentas alegres con el gran arrastre de votos que generaron las dos listas de concejales. Estuvieron tres años esperando que Lagos e Insulza se decidieran, y no promovieron ningún liderazgo nuevo, joven, sintonizado con el país emergente. Ingenuamente se aferraron a la popularidad de la ex Presidenta, soñando con que, tarde o temprano, dicha popularidad sería un factor electoral gravitante. Impusieron a un candidato débil de la peor manera posible y después exigieron «lealtad» e «incondicionalidad» frente a hechos consumados. Decidieron hacerle la guerra a Marco, ahondar todas las tensiones posibles, para generar un abismo que impidiera todo acercamiento en segunda vuelta. Se dirá que, al menos en ese punto, los que estuvimos con Marco también tenemos una gran responsabilidad: obvio que la tenemos, pero la Concertación no puede simplemente escupir al cielo y culpar al empedrado.

Correcta o incorrectamente, con ética o sin ella, Eugenio Tironi abrió las puertas de un debate imprescindible, una oportunidad que la centro-izquierda no debiera dejar pasar.


martes, mayo 11, 2010

Dolores de ajuste en Europa, por Alejandro Ferreiro.




Dolores de ajuste en Europa,

por Alejandro Ferreiro.


Noche agitada en Bruselas la de ayer. En maratónica sesión, los ministros de finanzas de los 27 países de la Unión Europea buscaban la forma de proteger a los países más frágiles del bloque de la creciente desconfianza manifestada en los mercados de deuda pública acerca de su capacidad de honrar sus obligaciones. La urgencia del rescate no surge solo, ni primeramente, por solidaridad frente a las economías más aproblemadas de Portugal, Irlanda, España y, por cierto, Grecia. Lo que verdaderamente parecía en juego era la estabilidad y sobrevivencia del euro junto al considerable riesgo de arrastrar al continente europeo a un segundo impacto recesivo de impredecibles consecuencias económicas, sociales y políticas. En la madrugada de este lunes, los líderes de las economías de Europa acordaron un paquete de ayuda de hasta 720 mil millones de euros. Garantías entre estados, préstamos de emergencia administrados por la Comisión Europea (especie de poder ejecutivo de la UE) y un incremento del apoyo del FMI forman el nuevo instrumental de ayuda que marca la principal reforma al sistema monetario europeo desde la creación del euro en 1999.


La urgencia de acordar algo contundente y tranquilizador un domingo en la noche buscaba evitar que la desconfianza en las finanzas europeas se tradujera en un colapso bursátil el lunes por la mañana que hiciera más costoso aún, si no imposible, el rescate del euro. Al menos, por el momento, el objetivo se ha logrado. Las bolsas asiáticas, europeas y americanas han reaccionado con optimismo y fuertes alzas, revelando que el plan de “blindaje europeo” se percibe creíble y suficiente.


Pero si la Unión Europea logra evitar el colapso de su moneda y el de sus países miembros más endeudados y dependientes del capital extranjero, nada podrá evitarle el sufrimiento del ajuste. Buena parte del debate nocturno en Bruselas apuntó a la necesidad de sacrificios adicionales en el presupuesto fiscal en Portugal y España, cuyos déficits bordearon el 13% el año pasado. Ya la calle y las encuestas se han opuesto al draconiano, aunque inevitable, plan de ajuste griego. Nada de popular resulta el congelamiento de salarios públicos, el despido probable de cerca de 100.000 funcionarios y el aumento de la edad de jubilación anunciado en Atenas.


El Estado de bienestar europeo enfrentará su mayor desafío en décadas. Un continente aún convaleciente por la crisis mundial deberá retirar aceleradamente el estímulo del gasto público para evitar una crisis de deuda. Un ajuste fiscal sobre economías débiles dañará aún más el crecimiento y el empleo. La estabilidad política de los gobiernos será sometida a prueba, como también la vocación europeísta de las naciones que, sumidas en la recesión, sufrirán como nunca los costos de carecer de autonomía para ajustar tasas de interés o devaluar sus monedas. La unidad monetaria europea funciona bien en tiempos de bonanza –y de hecho contribuyó a alcanzarlos– pero resulta rígida y costosa cuando se trata de administrar las crisis económicas. Los ajustes, en este escenario, sólo pueden darse a nivel del gasto público y la productividad. Costosos efectos en el nivel de empleo y de salarios serán parte del escenario previsible. Estos sacrificios no son fáciles de hacer en democracia. Tiempos difíciles para los liderazgos políticos del viejo continente: será la hora de distribuir sacrificios y concentrarse en las responsabilidades cívicas, más que en la expansión de los derechos que ha caracterizado a la política europea en las últimas décadas.


Buena parte de Europa deberá enfrentar algo que en Chile no conocemos desde hace casi medio siglo. Debemos remontarnos al período de Jorge Alessandri después del terremoto de Chillán para encontrar el último caso de ajuste fiscal de cierta importancia en democracia. Desde entonces, la democracia chilena ha convivido sistemáticamente con aumentos anuales en los niveles de gasto público. Los ajustes fiscales significativos de las últimas décadas fueron aplicados en el gobierno de Pinochet.


Presumo que no sería nada de fácil para un gobierno democrático, especialmente a la luz de la fascinación que producen las encuestas, aplicar un ajuste fiscal en Chile de la envergadura de los que hoy resultan inevitables en varios países europeos. Siempre habría buenas razones para dejar al próximo gobierno la aplicación de los sacrificios impopulares. Razón adicional para aquilatar las fortalezas fiscales construidas en este país en los últimos años. A la responsabilidad fiscal impulsada por los gobiernos concertacionistas, debe agregarse un sistema de pensiones autofinanciado en el que las variables principales se ajustan mediante decisiones individuales que no afectan mayormente el tesoro público. Cuando Europa se ve enfrentada a la necesidad, tan impopular como impostergable, de aumentar la edad de jubilación o disminuir el monto de las pensiones, cobra relevancia la característica del sistema chileno que entrega a cada persona, la ponderación de los costos y beneficios de elegir cuánto cotizar y cuándo jubilarse.


lunes, mayo 10, 2010

Nuestra hoja de ruta, por Felipe Larraín




Nuestra hoja de ruta,

por Felipe Larraín (*)


Cada gobierno define su hoja de ruta y busca la adhesión ciudadana para traducirla en políticas públicas capaces de conducir al país a las metas que lo acerquen al objetivo que lo inspira. La hoja de ruta que planteó el Presidente Piñera a la ciudadanía en las últimas elecciones consiguió un amplio respaldo electoral, al tener la virtud de apelar a necesidades y anhelos evidentes de las personas.

De un modo u otro, con énfasis y tonos diferentes, una amplia mayoría de chilenos comparten el diagnóstico de que el ritmo al que avanzamos en la última década alejaba de nuestro horizonte la posibilidad de alcanzar el desarrollo en un plazo razonable. El diagnóstico es claro y ampliamente compartido. En los últimos años la productividad de la economía nacional cayó en forma sostenida. Chile perdió la capacidad de crecer y de crear empleo vigorosamente. Y nos hemos propuesto revertirlo.

Esas son las principales fortalezas de nuestra hoja de ruta: la adhesión ciudadana al objetivo y el consenso respecto del rumbo que debemos asumir. La necesidad del cambio es transversal a muchos y variados aspectos de nuestro quehacer cotidiano.

Pero las modernizaciones que permitieron alcanzar el liderazgo que en un momento ostentamos como país son hoy insuficientes para asumir la tarea que la ciudadanía nos demanda en este tiempo. Esas son las modernizaciones que estructuran nuestra agenda de gobierno y que se traducen en las políticas públicas que estamos impulsando en estos días.

Ahí se inserta la agenda de reforma al Mercado de Capitales del Bicentenario (MKB) que anunciamos esta semana y que -basada en siete pilares centrales- busca revertir radicalmente la caída sistemática de la productividad de la economía chilena. Se trata de un proyecto ambicioso capaz de aportar sentido a todos los actores, incluyendo los grandes agentes, las Pymes y los emprendedores que quieren financiar sus proyectos; también a las personas que buscan una información más transparente del mercado y quieren tener una participación más activa en él.

En esa misma línea se inscriben las modificaciones en el ámbito laboral que el Gobierno ha propuesto recientemente, donde la búsqueda de consensos transversales tiene un rol central: desde la recientemente creada comisión técnica para analizar el salario mínimo hasta la instancia para perfeccionar el posnatal femenino, se inscriben en esa línea.

La modernización del Estado está también en el centro de nuestra hoja de ruta. Queremos un Estado ágil, eficiente y oportuno al servicio de las necesidades de las personas; un Estado dinámico, moderno y creativo que se anticipe a las demandas ciudadanas. Sólo así seremos capaces de articular coordinadamente políticas públicas, para transformarlas en los beneficios y servicios que los chilenos se merecen.

En estos primeros 60 días de Gobierno, las urgencias han determinado que la agenda de reconstrucción haya concitado la mayor visibilidad. Hemos debido afrontar el terremoto y maremoto, que no estaba en los planes de nadie. Junto con abordar la emergencia, debemos reconstruir el país. Esto requiere un enorme esfuerzo para nuestras finanzas públicas. Hubiera sido más fácil usar el fondo soberano, como algunos propusieron. Pero no habría sido responsable. Escogimos un camino más difícil, con financiamiento de muchas fuentes, pero estamos convencidos que es el mejor para Chile. La crisis griega sólo confirma que ésta es la ruta correcta.

El ajuste comenzó por casa, reasignando recursos en el presupuesto público. Luego enviamos al Congreso un proyecto que crea el fondo de reconstrucción nacional para estimular la solidaridad de personas y empresas, que fue aprobado sin votos en contra por la Cámara de Diputados y hoy está en discusión en el Senado. Esta semana ingresamos el proyecto de financiamiento de la reconstrucción, que contempla aumentos moderados y principalmente transitorios de impuestos. Junto a ellos hay estímulos potentes para las Pymes que eximen de tributación a las utilidades retenidas para empresas con hasta 50.000 UF de ventas. Ello favorece a un universo de 820.000 empresas, un 98% de las 840.000 que existen en nuestro país. También contemplamos rebajar el impuesto de timbres, que es un gravamen al crédito, desde el 1,2% al que aumentaría el 1º de julio a 0,6%, lo que beneficia especialmente a las Pymes y a las personas.

No hay contradicción entre esta agenda y aquella de más largo aliento orientada por la modernización. Por el contrario, Chile nos exige levantar un país mejor al que remeció el terremoto del 27 de febrero y eso sólo es posible impulsando la agenda de modernizaciones que la ciudadanía demanda y cuyo éxito parece alcanzable por los consensos que existen en torno a ella.

(*) Felipe Larraín es Economista y es el actual Ministro de Hacienda.


jueves, mayo 06, 2010

Curiosa formula democrática, por Mario Montes.

(Rafael Correa con algúnos de sus
"democráticos" socios de UNASUR.)


Curiosa formula democrática,

por Mario Montes.


"De asistir el gobierno de Honduras, nosotros no podríamos acudir a esa cumbre, ya que no lo consideramos un gobierno legítimo", dijo el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, dando una mayúscula demostración de la inconsecuencia de la izquierda en América Latina.

No tienen reparo a reunirse con Raúl Castro, el heredero del Chacal caribeño, Fidel, del que es hermano, en circunstancias que desde la génesis de ese Gobierno, por medio de las armas, hasta la praxis es una tiranía totalitaria sin siquiera un verdadero barniz democrático.

Tranquilamente se sienta el Sr. Correa en la misma mesa con el tirano venezolano Higo Chávez, a pesar de saber que ha perseguido encarnizadamente a la prensa en un intento totalitario por acallar a quienes se oponen a sus afanes dictatoriales.

Porfirio Lobo, el actual Gobernante de Honduras llegó al poder por un proceso electoral bastante transparente, en el que no hay asomos de manipulación donde inclusive el candidato del oficialismo fue derrotado, sin embargo su Gobierno solo ha sido reconocido por Perú y Colombia.

Curiosa manera de entender la democracia, todos apoyaron a un Gobernante que aunque alcanzo el Mandato legítimamente, Manuel “Mel” Zelaya, sus actos le deslegitimaron y sus transgresiones a la Ley obligaron a los otros poderes del Estado a intervenir para evitar su dictadura.

Estos meo demócratas zurdos quieren establecer que por ganar las elecciones el personaje se transforma en intocable, sin importar las ilegalidades que cometa, sin entender que para que el sistema funcione nadie puede estar por sobre las Leyes ni nadie tiene autorización para subvertirla.

El caso a que nos referimos, las declaraciones de Correa y la defensa de los izquierdistas a Zelaya son una demostración del evidente doble estándar de esta gente, ellos pueden hacer lo que quieran, pero sus adversarios no tienen derecho a defender la institucionalidad amenazada.



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