El 8 de febrero, El Mercurio publicó la carta de una lectora todavía conmocionada por una escena que recién había visto en el Primer Tribunal de Familia de Santiago. Su sala de audiencias Nº 7 ventilaba la tuición de un niño, el cual había salido de dicha sala “segundos antes… absolutamente desbordado por la afectación emocional que… le producía tener que optar por uno de sus padres”. Una funcionaria pretendía forzar el reingreso del muchacho a la sala, dándole “tirones” y luego profiriendo amenazas: “La magistrada fue a llamar a carabineros para que entres”. Terminó por conseguir su objetivo. El público asistente —las personas allí hacinadas esperando la ‘justicia de familia’— aún no se reponía del shock que le produjera esta escena, cuando el desdichado dejó nuevamente la sala. “Fui testigo del desgarro del niño al tener que abandonar a su mamá, ya que la magistrada había dado la tuición al padre”.
Todo este proceso delicadísimo, desolador, que seguramente ha causado en la pequeña víctima un desastre síquico y afectivo… toda esta catástrofe humana se desarrolló ANTE UN PUBLICO DE EXTRAÑOS, quizás curioso, quizás emocionado, quizás —Dios me perdone, pero de todo hay en la viña del Señor— divertido por la tragedia, pero que no tenía el menor derecho a verla. Y, naturalmente, la persona más incomprensible e inhumana de la concurrencia era, ¿necesitamos decirlo?, la representante de la “justicia de familia”. ¿No había modo de que el niño entrase y saliese discretamente, sin ser visto, a una sala donde pudiera hablar SOLO con el juez, antes del fallo (para dar su opinión) y después de dictado éste (para que se lo explicaran), libre de tironeos y amenazas de carabineros?
La carta que comento halló eco en otras posteriores. Algún burócrata superior de la “justicia de familia” contestó sin negar los hechos pero sin darles la menor importancia (desgraciadamente, perdí la fecha de publicación de este monumento de la insensibilidad funcionaria). Otro lector certificó también (10 de febrero), sobre esa justicia, el “caos”, el “atochamiento”, los “procesos larguísimos”. “El sistema es una verdadera pesadilla”.
Este último corresponsal de El Mercurio aparentemente tramita su propio divorcio. Se queja, además, de los “requisitos draconianos y absurdos para divorciarse”, y de que los “acuerdos logrados” ante “jueces idóneos” deban ser “revisados por un tribunal superior, aun si las partes están conformes”. Ruego a mis lectores retener estos conceptos de una persona en vías de divorciarse, pues tienen importancia para el tema.
Pero… ¿cuál es el tema? ¿Por qué esta postración increíble de la “justicia de familia”?
El tema y la causa de la postración de dicha “justicia” son la misma cosa: la increíble liviandad con la cual los colegisladores —el Ejecutivo y el Congreso— tramitaron y aprobaron la ley de divorcio, mal llamada de matrimonio civil, y los tribunales “de familia”.
A) La ley desató una avalancha de juicios de divorcio, con sus problemas anexos de alimentos, tuiciones —como la que acabamos de ver—, visitas, “compensaciones”, mediaciones, etc.
B) Esa avalancha se unió al fondo permanente de anteriores juicios alimentarios sin divorcio, que no se fallan, o si se fallan no se cumplen y originan nuevas acciones judiciales.
C) Los incontables pleitos “A” y “B”, que no avanzan nada, se incrementan TODOS LOS DIAS con nuevas demandas de divorcio y/o de alimentos. Las últimas, calculadas para 2007 por la mismísima Presidenta de la República en 110.000, ¡cerca de 300 diarias! Y no hay motivo para que disminuyan después del año que corre.
D) En esas circunstancias, se regularon y entraron a funcionar los “tribunales de familia”, y de inmediato colapsaron —de la manera ejemplificada—, por su insuficiente número y personal, falta en parte de éste de una mínima preparación humana, e inadecuada infraestructura, y por los engorros del procedimiento a aplicar.!,
El problema, con ello, se ha hecho insoluble. Y esto merece mirarse desde tres puntos de vista:
1. La liviandad e incompetencia insufribles de los colegisladores, autoridades y parlamentarios, y de los jefes políticos pro divorcio, que prometieron que la ley del 2004 NO CAUSARIA EL COLAPSO QUE EN DEFINITIVA CAUSO… al revés, aceleraría la “justicia de familia”.
En este diario, un destacado dirigente de la DC, apoyando la ley, recordaba “las graves y serias dificultades… en los tribunales de menores, virtualmente colapsados, faltos de recursos económicos y con procedimientos engorrosos y excesivamente conflictivos, dañinos para la familia y… muy perjudiciales, las más de las veces, para los hijos” (14 de agosto de 2003). ¿No parece una descripción de la realidad de los “tribunales de familia”, hoy?
Una profesora de Derecho Civil, actualmente ministra de Estado, agregaba: “Los procesos (de divorcio) largos y engorrosos destruyen más los vínculos que ya están quebrados. El derecho moderno va por otro camino” (Las Ultimas Noticias, 8 de septiembre del 2001). ¿Sería el “otro camino”, el de las leyes vigentes?
2. Aunque fueran mejoradas las falencias externas de la justicia de familia, el problema no mejorará, al revés, EMPEORARA. Quiero explicar por qué:
2.1.Como siempre cuando se dicta una ley de divorcio, por muy fácil que lo haga —como la nuestra—, la presión para hacerlo todavía MAS fácil es incesante e irresistible. Recordemos al ciudadano que considera los actuales requisitos de divorcio “draconianos y absurdos”, y critica que intervengan en él los tribunales superiores.
Pareciera, entonces, que disolver el vínculo debería hacerse progresivamente más expedito. Pero no será así, porque las cuestiones anexas que hemos ya indicado —tuición de los hijos, visitas, alimentos, etc.— continuarán siendo complejas y espinudas de resolver. Configurándose la ecuación que sigue: MAYOR facilidad para divorciarse=MAS juicios de divorcio=MAYOR lentitud y engorro de estos juicios.
2.2. Lentitud y engorro que conducen, inexorablemente, a la corrupción de la “justicia de familia”: futuras “máquinas” internas en ciertos tribunales, manejadas por ciertos abogados, para acelerar y facilitar los juicios de divorcio. ¿Mal pensamiento mío? Acaba de suceder: el “divorcio express” que obtuvo un juez para sí en ocho días, con la connivencia o negligencia de otro juez, y la ayuda ilegítima, seguramente por temor, de un funcionario subalterno. Hay muchísimos “divorcios express” por delante, no ya para solucionar los problemas maritales de los magistrados, sino por dinero.
2.3. Mil veces se hizo notar a los desaprensivos legisladores y políticos divorcistas, que los alimentos de los hijos de divorciados más pobres NUNCA SE PAGARAN. Supongamos, soñemos mejor dicho, que la justicia de familia los fije de modo rápido y equitativo, y los cobre eficazmente. Tropezarán en que, según la última encuesta Casen-Mideplan (2003), EL TREINTA POR CIENTO DE LOS HOGARES CHILENOS TIENE UN INGRESO MONETARIO MENSUAL NO SUPERIOR, PROMEDIO, A 200.000 PESOS. Los divorciados de ese 30% no pueden pagar alimentos razonables. Quieren y se les exige que sostengan dos familias, no dándoles lo que ganan ni para una.
3. Mas todo lo que precede no es lo fundamental. Lo fundamental es que la familia como institución se ha desmonetizado. Cada vez hay menos matrimonios, más meras y fugaces convivencias (acabamos de ver una alta funcionaria que lleva media docena), menos hijos nacidos dentro y más fuera de nupcias, más mujeres solas, más abandonadas y sus proles que reclaman al progenitor un mendrugo en la “justicia de familia”…
Es, sin duda, un fenómeno de múltiples causas. Pero ni a la sociedad, ni al Estado Legislador y Administrador les importa un bledo. De contrario, lo estimulan. Pruebas al canto, sin contar siquiera la ley de divorcio y su matrimonio “desechable”: a) la modestísima sanción de los tribunales, a los “colegas” que fraguaron el “divorcio express”. Muy consecuente, pues, si matrimonio y divorcio son papeleos baladíes, ¿por qué preocuparse de irregularidades en su trámite? b) el hecho indiscutible de que ser casado y con hijos nacidos en el matrimonio, aunque éste sea largo y aquéllos muchos, NO SIRVE PARA NADA, LEGAL NI ADMINISTRATIVAMENTE. Ninguna preferencia para ningún subsidio, ni siquiera habitacional; ninguna ventaja tributaria. Al revés. El superior de un servicio, por ejemplo, no puede tener en éste a un hijo, aunque sea el último grado del escalafón. Pero puede tener a su “pareja” de jefe de gabinete.
(Tomado de Diario La Segunda)
