La noble tarea de los funcionarios de la Administración Publica, otrora respetados por sus reconocidas capacidades, espíritu de servicio, a pesar de las malas remuneraciones, estudiosos de las materias sometidas a sus jurisdicciones, ha sido enlodada con la llegada de la pandilla corrupta de los funcionarios de “confianza” de los cuatro Gobiernos de la concertación.
La llegada de gente de escasas calificaciones, de nulo sentido de servicio público, sin las capacidades necesarias, ni los conocimientos indispensables, pero premunido de los “pitutos” que les daba su cercanía al poder, con escasas calificaciones morales e inmensas ambiciones de riqueza personal ha distorsionado la imagen y el orgullo que los chilenos teníamos de nuestra administración.
Nosotros coincidimos plenamente con la petición de un reajuste del 14,5% que esta haciendo la ANEF, porque consideramos básico que a los empleados públicos “de verdad” se les devuelva el poder adquisitivo de salarios que han sido erosionados por el proceso inflacionario desatado por la ineptitud e incapacidad de las Autoridades políticas de la Nación,
Pero una vez dicho lo anterior, que creemos es el merecido tributo a un grupo de trabajadores que ha sido vilipendiado y mal pagado, creemos que se debe hacer excepciones especificas a estos reajustes, que pensamos no deben afectar las remuneraciones de aquellos que se arreglaron con la regularización de los ilegales sobresueldos.
Ministros, Subsecretarios, Jefes políticos de Servicios, Gobernadores, Intendentes, Parlamentarios y Jueces de los Altos Tribunales de la República, así como todos aquellos que reciben gastos de representación, deben ser excluidos de este reajuste, por considerar que por otras vías sus salarios se han transformado en un privilegio que sobrepasa con creces la media nacional.
Así como hemos manifestado permanentemente que existe una necesidad imperiosa de dignificar a la política, haciendo de las promesas un documento exigible, llevando a la actividad a los mejores y más calificados, sostenemos que es una labor de justicia devolver la honra a los funcionarios públicos, recuperar las virtudes que siempre han tenido y despolitizar esta tarea vital para el país.
Creemos que esta reivindicación de los trabajadores de la administración, que consideramos de mínima justicia, debe ser extendida, además, a esa inmensa falange de trabajadores chilenos que subsiste con un miserable salario mínimo, a los ancianos que tienen jubilaciones vergonzosas y a las pensiones asistenciales que tienen valores irrisorios.
Resulta intolerable ver que el país bota miles de millones de dólares en la compra de chatarra para ferrocarriles o que se tiran por el caños miles de millones de pesos mensuales en Transantiago, a la vez que constatamos que cuándo se trata de hacer inversiones en el capital humano, fuera de la variable política, para ellos nunca existen los recursos necesarios.
