Con la exposición del estado de las finanzas públicas y el envío al Congreso el proyecto de ley para el presupuesto fiscal del próximo año, el Ministro de Hacienda ha mostrado sus cartas. La visión que emana de ellas es que el Estado puede y debe hacer más por promover el desarrollo económico. Enhorabuena. Hasta ahora, la atribulada administración de la Presidenta Bachelet parecía más motivada por favorecer una etérea participación ciudadana o por la inquietante construcción de un Estado Protector que de impulsar el crecimiento económico. En verdad Chile necesita un nuevo impulso de genuino crecimiento. Pero, ¿es el gasto fiscal el vehículo apropiado para llevarnos al desarrollo?
Ha ejemplificado el ministro el camino que tenemos por delante, señalando que, si mantenemos el ritmo de crecimiento observado desde 1990, alcanzaremos el actual producto per cápita de un país como Portugal el 2020 y podremos considerarnos desarrollados. El ex presidente Lagos nos proponía alcanzar a España el 2010, ahora la meta es menos ambiciosa. Pero, más importante que ello es que nuestro crecimiento en los últimos diez años ha descendido a menos del 4% anual y que el incremento de la capacidad productiva se estima ahora en sólo 5% anual, ritmo a todas luces incompatible con la meta propuesta. Hay que apurar el tranco del desarrollo con un macizo programa para impulsar la inversión, la generación de empleos y la productividad.
La Exposición de la Hacienda Pública no se hace cargo de nuestra falta de dinamismo económico. Se felicita por la recuperación de la inversión observada este año, pero omite que la tasa que alcanzaremos –alrededor de 21% del PIB- es claramente insuficiente, a la luz de la experiencia de las economías que han logrado un despegue exitoso. Admite que la productividad ya no crece con vigor, pero cifra sus esfuerzos principalmente en la futura Estrategia Nacional de Innovación por la Competitividad. Aunque esa iniciativa parece tener aspectos valiosos, es a fin de cuentas, un arriesgado ejercicio de planificación central, en el que el Estado selecciona ocho sectores a ser favorecidos con subsidios a la innovación y el emprendimiento, e implica un cuantioso gasto público en investigación y desarrollo de dudosa efectividad. El camino alternativo, y probadamente eficaz, de abrir más espacio a la innovación empresarial, aboliendo trabas burocráticas y aliviando la carga tributaria, sigue siendo tercamente descartado, por razones políticas.
El presupuesto fiscal para el próximo año nuevamente deja pasar la oportunidad de destinar la fuerte mejoría de las finanzas públicas a impulsar la innovación y la productividad, rebajando impuestos perjudiciales y favoreciendo una profunda reforma del sector público. En cambio, contempla un masivo incremento del gasto público, ascendente a 13,5% en términos nominales, y estimado en 8,9% en términos reales, de acuerdo a la proyección oficial de inflación, que supera el 4%. Con ello, el gasto público habrá aumentado en la impresionante suma de US$ 10.000 millones (en moneda del 2007) durante los primeros tres años de la gestión Bachelet.
Más allá de tomar las debidas precauciones para asegurar el buen uso de los recursos, las implicancias macroeconómicas de semejante avalancha fiscal no pueden ser pasadas por alto.
Entre los más variados analistas ha sido bien recibido el hecho que el presupuesto contemple un incremento del gasto algo inferior al esperado y que se encuadre dentro de la regla fiscal. Pero, la verdad es que ello obedece principalmente a la sorprendente explosión de costos de Codelco, esto es, a gastos que en lugar de ser efectuados por el gobierno central son realizados por la minera estatal. El deterioro de su eficiencia es un hecho grave y que merece la máxima atención. La principal razón aducida contra la privatización de Codelco es su repercusión en las finanzas públicas. Pues bien, al precio del cobre estimado de largo plazo (de US$ 1,37 por libra), la contribución a los ingresos fiscales de la minera estatal es superada con creces por los impuestos recaudados de sus similares privadas.
El incremento previsto en el gasto público es particularmente inconveniente en presencia del fuerte brote inflacionario observado en los últimos meses. Sea que este proviene sólo de las alzas de ciertos productos alimenticios o que refleje también presiones salariales y mayores márgenes debido al agotamiento de la capacidad productiva ociosa, lo cierto es que hay que moderar la demanda agregada para impedir que la epidemia alcista se propague y apodere de las expectativas. Un impulso fiscal ahora es entonces contraindicado.
Que el presupuesto se atenga a la regla fiscal vigente, desde luego no lo hace inofensivo desde el punto de vista macroeconómico. Cuando un año atrás 20 economistas sugerimos pasar a una regla de presupuesto estructural equilibrado, planteamos que debía hacerse en forma gradual, atendiendo las circunstancias macroeconómicas y destinar los recursos correspondientes a impulsar la inversión y la productividad. Cuando en mayo pasado la Presidenta Bachelet anunció la rebaja del superávit estructural desde el 1% al 0,5% del PIB, el panorama inflacionario era otro. Efectuar ese cambio de golpe es hoy inconveniente. Descartar la rebaja de impuestos a la inversión es también inconveniente, porque el cuadro económico externo e interno puede volvérsele adverso.
La estrategia fiscal planteada por el Gobierno no es favorable al crecimiento de la economía. El impulso que el gasto público le infunde a la demanda habrá de ser controlado por el Banco Central elevando los intereses, a fin de conseguir que la inflación vuelva paulatinamente a situarse en torno al objetivo del 3% anual. El alza del costo del crédito perjudica la inversión, palanca fundamental del crecimiento del producto y del empleo. En las actuales circunstancias externas, el aumento del gasto público y los intereses exacerbarán la caída del dólar, con el consiguiente perjuicio para los exportadores, importante motor de nuestro desarrollo.
Los tiempos económicos se tornan complicados. A los nubarrones externos –posiblemente pasajeros- asociados a la crisis hipotecaria norteamericana, se agrega la fuerte arremetida de la inflación interna. En lugar de aprovechar la holgura fiscal para rebajar los impuestos que inhiben la inversión y la innovación, el Gobierno prefiere abrir nuevamente el grifo del gasto público. En un gobierno crecientemente impopular es posible que ello obedezca a razones políticas. Pero tras el rechazo de la opinión pública a la gestión gubernamental no está sólo el fiasco del Transantiago, sino muy probablemente también el temor a la inflación. Temor justificado, si la política fiscal no colabora.
Ha ejemplificado el ministro el camino que tenemos por delante, señalando que, si mantenemos el ritmo de crecimiento observado desde 1990, alcanzaremos el actual producto per cápita de un país como Portugal el 2020 y podremos considerarnos desarrollados. El ex presidente Lagos nos proponía alcanzar a España el 2010, ahora la meta es menos ambiciosa. Pero, más importante que ello es que nuestro crecimiento en los últimos diez años ha descendido a menos del 4% anual y que el incremento de la capacidad productiva se estima ahora en sólo 5% anual, ritmo a todas luces incompatible con la meta propuesta. Hay que apurar el tranco del desarrollo con un macizo programa para impulsar la inversión, la generación de empleos y la productividad.
La Exposición de la Hacienda Pública no se hace cargo de nuestra falta de dinamismo económico. Se felicita por la recuperación de la inversión observada este año, pero omite que la tasa que alcanzaremos –alrededor de 21% del PIB- es claramente insuficiente, a la luz de la experiencia de las economías que han logrado un despegue exitoso. Admite que la productividad ya no crece con vigor, pero cifra sus esfuerzos principalmente en la futura Estrategia Nacional de Innovación por la Competitividad. Aunque esa iniciativa parece tener aspectos valiosos, es a fin de cuentas, un arriesgado ejercicio de planificación central, en el que el Estado selecciona ocho sectores a ser favorecidos con subsidios a la innovación y el emprendimiento, e implica un cuantioso gasto público en investigación y desarrollo de dudosa efectividad. El camino alternativo, y probadamente eficaz, de abrir más espacio a la innovación empresarial, aboliendo trabas burocráticas y aliviando la carga tributaria, sigue siendo tercamente descartado, por razones políticas.
El presupuesto fiscal para el próximo año nuevamente deja pasar la oportunidad de destinar la fuerte mejoría de las finanzas públicas a impulsar la innovación y la productividad, rebajando impuestos perjudiciales y favoreciendo una profunda reforma del sector público. En cambio, contempla un masivo incremento del gasto público, ascendente a 13,5% en términos nominales, y estimado en 8,9% en términos reales, de acuerdo a la proyección oficial de inflación, que supera el 4%. Con ello, el gasto público habrá aumentado en la impresionante suma de US$ 10.000 millones (en moneda del 2007) durante los primeros tres años de la gestión Bachelet.
Más allá de tomar las debidas precauciones para asegurar el buen uso de los recursos, las implicancias macroeconómicas de semejante avalancha fiscal no pueden ser pasadas por alto.
Entre los más variados analistas ha sido bien recibido el hecho que el presupuesto contemple un incremento del gasto algo inferior al esperado y que se encuadre dentro de la regla fiscal. Pero, la verdad es que ello obedece principalmente a la sorprendente explosión de costos de Codelco, esto es, a gastos que en lugar de ser efectuados por el gobierno central son realizados por la minera estatal. El deterioro de su eficiencia es un hecho grave y que merece la máxima atención. La principal razón aducida contra la privatización de Codelco es su repercusión en las finanzas públicas. Pues bien, al precio del cobre estimado de largo plazo (de US$ 1,37 por libra), la contribución a los ingresos fiscales de la minera estatal es superada con creces por los impuestos recaudados de sus similares privadas.
El incremento previsto en el gasto público es particularmente inconveniente en presencia del fuerte brote inflacionario observado en los últimos meses. Sea que este proviene sólo de las alzas de ciertos productos alimenticios o que refleje también presiones salariales y mayores márgenes debido al agotamiento de la capacidad productiva ociosa, lo cierto es que hay que moderar la demanda agregada para impedir que la epidemia alcista se propague y apodere de las expectativas. Un impulso fiscal ahora es entonces contraindicado.
Que el presupuesto se atenga a la regla fiscal vigente, desde luego no lo hace inofensivo desde el punto de vista macroeconómico. Cuando un año atrás 20 economistas sugerimos pasar a una regla de presupuesto estructural equilibrado, planteamos que debía hacerse en forma gradual, atendiendo las circunstancias macroeconómicas y destinar los recursos correspondientes a impulsar la inversión y la productividad. Cuando en mayo pasado la Presidenta Bachelet anunció la rebaja del superávit estructural desde el 1% al 0,5% del PIB, el panorama inflacionario era otro. Efectuar ese cambio de golpe es hoy inconveniente. Descartar la rebaja de impuestos a la inversión es también inconveniente, porque el cuadro económico externo e interno puede volvérsele adverso.
La estrategia fiscal planteada por el Gobierno no es favorable al crecimiento de la economía. El impulso que el gasto público le infunde a la demanda habrá de ser controlado por el Banco Central elevando los intereses, a fin de conseguir que la inflación vuelva paulatinamente a situarse en torno al objetivo del 3% anual. El alza del costo del crédito perjudica la inversión, palanca fundamental del crecimiento del producto y del empleo. En las actuales circunstancias externas, el aumento del gasto público y los intereses exacerbarán la caída del dólar, con el consiguiente perjuicio para los exportadores, importante motor de nuestro desarrollo.
Los tiempos económicos se tornan complicados. A los nubarrones externos –posiblemente pasajeros- asociados a la crisis hipotecaria norteamericana, se agrega la fuerte arremetida de la inflación interna. En lugar de aprovechar la holgura fiscal para rebajar los impuestos que inhiben la inversión y la innovación, el Gobierno prefiere abrir nuevamente el grifo del gasto público. En un gobierno crecientemente impopular es posible que ello obedezca a razones políticas. Pero tras el rechazo de la opinión pública a la gestión gubernamental no está sólo el fiasco del Transantiago, sino muy probablemente también el temor a la inflación. Temor justificado, si la política fiscal no colabora.
Tomado de Diario La Segunda
