miércoles, octubre 24, 2007

¿Quién acredita a los acreditadores?, por Gonzalo Vial

Los ideólogos nos ganan por cansancio, imponiéndonos disparatados dogmas y palabras mágicas, para luego hacer funcionar la máquina silenciosamente según sus designios. Esperan que, fatigados por la derrota inicial, nos rindamos y los dejemos operar impunes. Pero no debe suceder así.

Ha pasado con la ley de divorcio, por ejemplo. No quiero nombrar ni echarles en cara nada —aunque ellos deben recordarlo perfectamente—; prefiero olvidar a esos senadores y diputados de derecha o demócratacristianos, que nos juraban que no habría divorcio sin una adecuada ‘‘ley de tribunales de familia’’ . ¡Tribunales de familia! Llevan años de reconocida y escandalosa ineficiencia. Culminados con el caso reciente de la mujer amenazada por su ‘‘pareja’’, y a la cual el ‘‘tribunal de familia’’ no la protege y le da audiencia para varias semanas más; en el intertanto, la ‘‘pareja’’ la mata... ¿De qué responden los parlamentarios hablantines?

Lo mismo está sucediendo con la ‘‘acreditación de universidades’’ para ‘‘asegurar su calidad’’.
Es un dogma: la universidad ‘‘acreditada’’ ES mejor. ¿Por qué? Porque sí.

Es magia: no importa quién ni cómo ‘‘acredite’’, basta que se pronuncie la palabra, para que el establecimiento amparado por ella sea de calidad superior. ¡Abracadabra!

A los ideólogos les parece tan excelente la acreditación, que ahora el respectivo Consejo Asesor Presidencial propone ‘‘consecuencias relevantes’’ contra los planteles NO acreditados, v.gr., la obligación de incluír esta circunstancia en su publicidad. Y estudia hacer forzoso el proceso para TODOS los establecimientos de enseñanza superior (El Mercurio, 14 de Agosto).

Mientras tanto, ¿qué pasa con las universidades ya acreditadas ANTES de la ley, mediante organismos y procedimientos que ‘‘armó’’ el Ministerio de Educación, y después la misma ley validó? Fueron, recordaremos, la ‘‘Comisión de Evaluación de Pregrado de Instituciones Autónomas’’ (decreto Nº 51, de 1999,), y la ‘‘Comisión de Evaluación de Calidad de Programas de Postgrado de Universidades Autónomas’’ (decreto Nº 225, de 1999).

TODAS LAS ACREDITACIONES VIGENTES , VIENEN DE ESTAS COMISIONES.

¿Qué seriedad tienen?

Veamos qué va pasando con ellas, qué revela ‘‘el tiempo que todo lo cubre y lo descubre’’, según decía Pancho Villa. Como estimo que la ‘‘acreditación’’ es simplemente un papeleo burocrático, sin importancia ni interés reales, no mencionaré por su nombre a la universidad en cada caso aludida; sólo expondré los hechos que acreditan la absoluta inutilidad e irrelevancia de hallarse acreditadas. Siendo así, no corresponde reprocharles que no merezcan esta ‘‘canonización’’.
1. Universidad ‘‘A”, una de las dos más importantes del país, estatal, representativa en el mundo del prestigio de nuestra enseñanza superior. De modo que ERA A PRIORI IMPOSIBLE NO OTORGARLE LA ACREDITACION MÁXIMA.

Se la dieron: siete años, incluido el rubro ‘‘gestión académica’’.

La ‘‘gestión académica’’ incluye hallarse envuelta esta Universidad ‘‘A’’ en los procesos criminales del caso MOP-GATE, por haber servido el año 2001 dos entidades suyas, el CIADE y el Instituto de Economía, de ‘‘tapadera’’ para pagar sobresueldos a funcionarios del MOP, bajo el pretexto de trabajos nunca realizados, o bien parcialmente realizados pero nominales, meros pretextos. El total recibido por la Universidad ‘‘A’’ del MOP para esos pagos ilícitos, fue de aproximadamente 125 millones de pesos, pero 25 millones ni siquiera se destinaron a sobresueldos, sino que ‘‘se perdieron’’, y nunca más se supo de ellos. Por estos hechos se hallan procesados los entonces Decano y Director Económico de la Facultad correspondiente y los entonces directores del CIADE y del Instituto de Economía. Yo no digo que sean culpables, pues no han sido condenados y —al revés de los altos funcionarios de gobierno que hablan del caso Riggs— sé muy bien que un procesado no es necesariamente un culpable. Lo que digo es que resulta una aberración que a esta Universidad tan mal llevada, se le otorgue la acreditación máxima en gestión académica.

2. Universidad ‘‘B’’, asimismo estatal y de larga tradición. Acreditada por cinco años para impartir docencia de pregrado.

Su rector, ‘‘en una acción inédita’’, aprobada por el Consejo de la Facultad correspondiente, acaba de despedir a toda la planta del Departamento de Educación, director inclusive. La antigüedad media en el establecimiento de los afectados, era de 27 años. El representante de los alumnos, cuya denuncia precipitó la investigación y las medidas, las fundó en que los profesores ‘‘estaban desactualizados, no entregaban los programas’’ y ‘‘no tenían dominio del área que impartían’’. Hasta el punto que los estudiantes rechazaban sus clases, debiendo los maestros completar la carga horaria en otros departamentos de la Universidad ‘‘B’’.

Todo lo anterior ‘‘se arrastraba desde mediados de los ’90’’ (El Mercurio, 20 de Octubre).

Sin embargo, la Universidad ‘‘B’’ fue acreditada el 2003. El área pedagógica es tan importante para la ley, que medicina y docencia son las únicas carreras a las cuales hizo de acreditación OBLIGATORIA.

La utilidad de tan severa disposición, queda a la vista.

Alguna vez se eliminará o racionalizará este ‘‘invunche’’ (como lo hubiera llamado Joaquín Edwards Bello), este monstruo de la ‘‘acreditación’’. Para momento tan feliz, quizás convenga resumir los defectos más notorios de la ley malhadada, y de la Comisión Nacional de Acreditación que crea:

1. Hacer obligatoria la acreditación.

2. Entregarla a una Comisión que ni siquiera es del Estado, sino DEL GOBIERNO DE TURNO, que la controla con mayoría absoluta —aunque hábilmente disimulada—, según he explicado muchas veces .

3. No exigirle a los miembros de la Comisión ninguna competencia académica. ¡Incluso hay dos representantes DE LOS ALUMNOS! Alumnos universitarios decidiendo sobre el valor académico de 209 instituciones de enseñanza superior... Esto ni siquiera se le había ocurrido al Gobierno; se le ocurrió al Congreso.

4. Consecuencias inevitables de los tres puntos que preceden:

4.1. Manejo efectivo de la Comisión, no por sus miembros, sino por una ‘‘Secretaría’’ que no muestra la cara y de la cual la Comisión será el timbre. Tal cual sucede hoy con el Consejo Superior de Educación: carga con la vergüenza de haberle puesto el timbre’’, sin estudiarlos, a unos ‘‘contenidos mínimos obligatorios’’ de las enseñanzas básica y media, propuestos por el Ministerio, y actualmente reconocidos como excesivos (pues lo son, e insensatamente) por el mismo Ministerio, la Alianza y la Concertación.

4.2. Imperio en la Comisión de los empeños políticos y el ‘‘amiguismo’’, vicios inexorables en las entidades de gobierno sin calificaciones de capacidad y con poderes discrecionales.

4.3. Probable corrupción, derivada de 4.2.

4.4. Práctica imposibilidad de encontrar evaluadores calificados en número suficiente para tarea tan vasta como la propuesta, y que no tengan intereses creados en el mundo académico.

4.5. Lo mismo respecto a la innovación académica. Los innovadores siempre tropiezan con sus pares, que serán precisamente los evaluadores de la innovación.

4.6. Graves problemas con la libertad de enseñanza y académica:

4.6.1. Toda calificación de un grado o una carrera, responde a una idea de CÓMO deben enseñarse: materias que se pasarán, su contenido mínimo, el orden para impartirlas, los años de estudio, su didáctica, etc. Esta idea, naturalmente, es la del evaluador. Ratificada por la agencia calificadora a la cual pertenezca y por la Comisión, se convertirá en VERDAD OFICIAL, OBLIGATORIA, para los institutos de enseñanza superior. Sigan derechito la línea, por favor.

4.6.2. El artículo 15, inciso 2º, de la ley dice que, en todo caso, como requisito de la acreditación, las entidades de enseñanza superior deberán ‘‘reconocer y respetar siempre’’, ciertos ‘‘principios’’, entre ellos ‘‘EL PLURALISMO’’ y ‘‘LA TOLERANCIA’’.

Como la ley misma no define pluralismo ni tolerancia, puede hacerlo el Presidente de la República por decreto, ejerciendo su potestad reglamentaria.

¿Cabrá que mañana declare contrario al pluralismo y la tolerancia que una Universidad exija (según sucede hoy) que sus profesores sean masones, o que una Universidad Católica rechace nombrar un Decano de Medicina partidario del aborto o de la fertilización in vitro? ¿Se darían cuenta los parlamentarios católicos y las universidades católicas, en su momento, de lo que se estaba votando? Probablemente no, ¡se dan cuenta de tan pocas cosas!

A la postre, lo que se ha querido y conseguido es que EL ESTADO califique la idoneidad de la enseñanza superior. Pero el Estado, cuando menos el chileno, no se halla en condiciones de hacerlo, razonablemente. Y está a la vista. Se le encarga mejorar el servicio de las inefables micros amarillas, y produce el Transantiago. Se le encargan los juzgados de familia y... ya sabemos. Se le encarga la reinserción social de los jóvenes delincuentes, y éstos perecen por quemaduras y asfixia. Se le encarga una nueva justicia laboral, se le quiere encargar ‘‘asegurar la calidad’’ de la enseñanza básica y media a través de una Superintendencia... ¿qué se conseguirá? Como con la ‘‘acreditación’’, nada bueno. Sólo burócratas, toneladas de papeles, años de trámites burocráticos, abusos, empeños y corrupciones.

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