Así nos engañó la Michelle......

No es casualidad que hayamos graficado esta nota con una fotografía de la campaña de Michelle Bachelet, la hemos utilizado porque la consideramos parte del engaño ha que hemos sido sometidos.

Los programas, las promesas y las escasas realidades.

Los fundamentos de la República son los del imperio de la ley y de la libertad. La ley como norma aplicable a todos, sin excepción, justa y objetiva. La libertad, como expresión de la autonomía de la persona en el ejercicio de sus derechos civiles y como expresión del voto en las elecciones democráticas.

La libertad de las personas tienen diversas manifestaciones. Esa libertad tiene como fundamento el derecho a la vida y la integridad física y espiritual. De ello devienen las libertades de opinión, de movimiento, de asociación, de trabajo, de emprender, de adquirir y conservar la propiedad, de prensa, de educación, de religión, de doctrinas políticas.

El imperio de ley implica la sujeción al orden republicano y democrático, debiendo asumirse las responsabilidades administrativas, civiles y penales por su trasgresión.

Las libertades implican en su ejercicio por cierto respetar las libertades de los otros. Nuestras convicciones religiosas o políticas no nos autorizan en ningún caso para atropellar o amenazar las libertades de los demás, siendo ello un ataque frontal a la República.

El ejercicio del pensamiento racional y objetivo en la búsqueda del desarrollo moral y material de la sociedad y la Nación son condición necesaria para evitar caer en el oscurantismo de la irracionalidad y los fanatismos. El pensamiento romántico-idealista, sin el control crítico de la racionalidad objetiva, puede devenir en fanatismos.

La República, basada en la ley y la libertad, son la forma jurídica del Estado que da forma al desarrollo de la Nación, expresión de una sociedad de cultura, institucionalidad y valores.

La libertad religiosa y política nos no pueden llevar a olvidar las fuentes greco-romanas y judeo-cristianas de nuestra cultura, pues de esos mismos cimientos se ha construido el edificio de la República con sus principios inherentes de del imperio de la ley y la libertad. Olvidar lo anterior, puede llevar a abrazar doctrinas en definitiva contrarias a la República.


El documento que precede a esta nota podría haber sido escrito por cualesquier chileno opositor al Gobierno de Michelle Bachelet, por cualesquier persona que se opusiera a la predica avalorica de la Mandatario, pero, lamentablemente corresponde a uno de los engaños a que hemos sido sometidos, son parte de las propuestas de la actual Presidente, y al menos ayer, todavía se encontraban en la página de su publicidad: http://www.michellepresidente.cl/fund.php

RESULTA LAMENTABLE CONSTATAR, UNA VEZ MAS, QUE LA CONCERTACIÓN ES EXPERTA EN ENGAÑOS

Por el mal olor que sale del Gobierno más parece Feticidio

La visita de la ex Candidata Presidencial Francesa Segolene Royal, derrotada por cierto, a Chile y Argentina, parece querer darnos clases “europeas” sobre lo que es políticamente correcto de hacer.
Entre la muchas tonteras feministas que ha dicho ha avalado la tesis de Bachelet del “Femicidio Político” por las criticas a las que se ve enfrentada por su pesima gestión gubernamental.
La francesita, que al parecer vive en una burbuja, parece no darse cuenta de que al menos los chilenos elegimos gobernantes para que lo hagan bien, y si no responden, obviamente les criticamos con dureza.
No es problema de género, es problema de capacidad, de liderazgo, de la manera de enfrentar y solucionar los problemas, de comprender la realidades nacionales, de entender que los pobres no pueden seguir esperando.
Chile es tan poco machista, que a pesar de habernos demostrado durante la campaña escasa capacidad y la necesidad de recurrir a “torpedos” para recordar los temas, la elegimos para que Gobernara.
Lamentablemente, llegando casi a la mitad de su mandato, Bachelet ha decepcionado a quienes confiaron en ella, sumiendo al país, a pesar de la inmensa cantidad de recursos en la caja fiscal, en una crisis de crecimiento brutal, que mantiene a centenares de miles de compatriotas sumidos en la miseria.

Se extiende la K & K en América.

Consideramos que las situaciones que vive Argentina son muy similares a las del resto de América, por lo que los riesgos de instalación de Gobiernos totalitarios afecta a todo el continente.

Se le podrá cambiar el nombre a los grupos y llamarse descamisados, socialistas del siglo 21, allendistas, kirchneristas, marxistas o como quieran, al final sus afanes de poder total son los mismos.

Primero; Elegir a Cristina Fernández de Kirchner es solo una ficción que permite mantenerse en el Gobierno a un sujeto que ha estado íntimamente ligado con el terrorismos de los montoneros, ahora como hombre tras el trono de su mujer, tanto a mas extremista que él.

Segundo: La administración K ha sido de extrema ineficiencia, pues a pesar de haber “expropiado” miles de millones de dólares a los pensionados europeos y a la banca mundial no ha terminado con las inequidades e injusticias,

Tercero: El gobierno “peronista” ha demostrado claros síntomas de un totalitarismo atávico, que ha afectado desde siempre a los seguidores de los “descamisados” de Perón, que no aceptan ningún tipo de criticas.

Cuarto: La regencia kirchnerista ha evidenciado claros síntomas de una avanzada corruptela, que esta “asesinando” el alma del pueblo argentino y destruyendo las posibilidades de un desarrollo sustentable.

Quinto: Los claros vínculos de dependencia con el tirano venezolano, Hugo Chávez, deben poner en alerta al pueblo trasandino, sobre todo al considerar las cuantiosas cantidades de dinero que ha invertido en “bonos” basura.

Nosotros, que deseamos lo mejor para nuestros hermanos de allende Los Andes, les invitamos a meditar y les recordamos que el peronismo, con sus claras tendencias marxistas-fascistas, nada bueno han aportado al desarrollo del país y les exhortamos a votar por candidatos católicos y patriotas.

Los disfraces son algo distintos, pero son los mismos "termocefálos" que amenazan la convivencia de nuestros paises y pretenden tiranizar a nuestros pueblos.

¿Quién acredita a los acreditadores?, por Gonzalo Vial

Los ideólogos nos ganan por cansancio, imponiéndonos disparatados dogmas y palabras mágicas, para luego hacer funcionar la máquina silenciosamente según sus designios. Esperan que, fatigados por la derrota inicial, nos rindamos y los dejemos operar impunes. Pero no debe suceder así.

Ha pasado con la ley de divorcio, por ejemplo. No quiero nombrar ni echarles en cara nada —aunque ellos deben recordarlo perfectamente—; prefiero olvidar a esos senadores y diputados de derecha o demócratacristianos, que nos juraban que no habría divorcio sin una adecuada ‘‘ley de tribunales de familia’’ . ¡Tribunales de familia! Llevan años de reconocida y escandalosa ineficiencia. Culminados con el caso reciente de la mujer amenazada por su ‘‘pareja’’, y a la cual el ‘‘tribunal de familia’’ no la protege y le da audiencia para varias semanas más; en el intertanto, la ‘‘pareja’’ la mata... ¿De qué responden los parlamentarios hablantines?

Lo mismo está sucediendo con la ‘‘acreditación de universidades’’ para ‘‘asegurar su calidad’’.
Es un dogma: la universidad ‘‘acreditada’’ ES mejor. ¿Por qué? Porque sí.

Es magia: no importa quién ni cómo ‘‘acredite’’, basta que se pronuncie la palabra, para que el establecimiento amparado por ella sea de calidad superior. ¡Abracadabra!

A los ideólogos les parece tan excelente la acreditación, que ahora el respectivo Consejo Asesor Presidencial propone ‘‘consecuencias relevantes’’ contra los planteles NO acreditados, v.gr., la obligación de incluír esta circunstancia en su publicidad. Y estudia hacer forzoso el proceso para TODOS los establecimientos de enseñanza superior (El Mercurio, 14 de Agosto).

Mientras tanto, ¿qué pasa con las universidades ya acreditadas ANTES de la ley, mediante organismos y procedimientos que ‘‘armó’’ el Ministerio de Educación, y después la misma ley validó? Fueron, recordaremos, la ‘‘Comisión de Evaluación de Pregrado de Instituciones Autónomas’’ (decreto Nº 51, de 1999,), y la ‘‘Comisión de Evaluación de Calidad de Programas de Postgrado de Universidades Autónomas’’ (decreto Nº 225, de 1999).

TODAS LAS ACREDITACIONES VIGENTES , VIENEN DE ESTAS COMISIONES.

¿Qué seriedad tienen?

Veamos qué va pasando con ellas, qué revela ‘‘el tiempo que todo lo cubre y lo descubre’’, según decía Pancho Villa. Como estimo que la ‘‘acreditación’’ es simplemente un papeleo burocrático, sin importancia ni interés reales, no mencionaré por su nombre a la universidad en cada caso aludida; sólo expondré los hechos que acreditan la absoluta inutilidad e irrelevancia de hallarse acreditadas. Siendo así, no corresponde reprocharles que no merezcan esta ‘‘canonización’’.
1. Universidad ‘‘A”, una de las dos más importantes del país, estatal, representativa en el mundo del prestigio de nuestra enseñanza superior. De modo que ERA A PRIORI IMPOSIBLE NO OTORGARLE LA ACREDITACION MÁXIMA.

Se la dieron: siete años, incluido el rubro ‘‘gestión académica’’.

La ‘‘gestión académica’’ incluye hallarse envuelta esta Universidad ‘‘A’’ en los procesos criminales del caso MOP-GATE, por haber servido el año 2001 dos entidades suyas, el CIADE y el Instituto de Economía, de ‘‘tapadera’’ para pagar sobresueldos a funcionarios del MOP, bajo el pretexto de trabajos nunca realizados, o bien parcialmente realizados pero nominales, meros pretextos. El total recibido por la Universidad ‘‘A’’ del MOP para esos pagos ilícitos, fue de aproximadamente 125 millones de pesos, pero 25 millones ni siquiera se destinaron a sobresueldos, sino que ‘‘se perdieron’’, y nunca más se supo de ellos. Por estos hechos se hallan procesados los entonces Decano y Director Económico de la Facultad correspondiente y los entonces directores del CIADE y del Instituto de Economía. Yo no digo que sean culpables, pues no han sido condenados y —al revés de los altos funcionarios de gobierno que hablan del caso Riggs— sé muy bien que un procesado no es necesariamente un culpable. Lo que digo es que resulta una aberración que a esta Universidad tan mal llevada, se le otorgue la acreditación máxima en gestión académica.

2. Universidad ‘‘B’’, asimismo estatal y de larga tradición. Acreditada por cinco años para impartir docencia de pregrado.

Su rector, ‘‘en una acción inédita’’, aprobada por el Consejo de la Facultad correspondiente, acaba de despedir a toda la planta del Departamento de Educación, director inclusive. La antigüedad media en el establecimiento de los afectados, era de 27 años. El representante de los alumnos, cuya denuncia precipitó la investigación y las medidas, las fundó en que los profesores ‘‘estaban desactualizados, no entregaban los programas’’ y ‘‘no tenían dominio del área que impartían’’. Hasta el punto que los estudiantes rechazaban sus clases, debiendo los maestros completar la carga horaria en otros departamentos de la Universidad ‘‘B’’.

Todo lo anterior ‘‘se arrastraba desde mediados de los ’90’’ (El Mercurio, 20 de Octubre).

Sin embargo, la Universidad ‘‘B’’ fue acreditada el 2003. El área pedagógica es tan importante para la ley, que medicina y docencia son las únicas carreras a las cuales hizo de acreditación OBLIGATORIA.

La utilidad de tan severa disposición, queda a la vista.

Alguna vez se eliminará o racionalizará este ‘‘invunche’’ (como lo hubiera llamado Joaquín Edwards Bello), este monstruo de la ‘‘acreditación’’. Para momento tan feliz, quizás convenga resumir los defectos más notorios de la ley malhadada, y de la Comisión Nacional de Acreditación que crea:

1. Hacer obligatoria la acreditación.

2. Entregarla a una Comisión que ni siquiera es del Estado, sino DEL GOBIERNO DE TURNO, que la controla con mayoría absoluta —aunque hábilmente disimulada—, según he explicado muchas veces .

3. No exigirle a los miembros de la Comisión ninguna competencia académica. ¡Incluso hay dos representantes DE LOS ALUMNOS! Alumnos universitarios decidiendo sobre el valor académico de 209 instituciones de enseñanza superior... Esto ni siquiera se le había ocurrido al Gobierno; se le ocurrió al Congreso.

4. Consecuencias inevitables de los tres puntos que preceden:

4.1. Manejo efectivo de la Comisión, no por sus miembros, sino por una ‘‘Secretaría’’ que no muestra la cara y de la cual la Comisión será el timbre. Tal cual sucede hoy con el Consejo Superior de Educación: carga con la vergüenza de haberle puesto el timbre’’, sin estudiarlos, a unos ‘‘contenidos mínimos obligatorios’’ de las enseñanzas básica y media, propuestos por el Ministerio, y actualmente reconocidos como excesivos (pues lo son, e insensatamente) por el mismo Ministerio, la Alianza y la Concertación.

4.2. Imperio en la Comisión de los empeños políticos y el ‘‘amiguismo’’, vicios inexorables en las entidades de gobierno sin calificaciones de capacidad y con poderes discrecionales.

4.3. Probable corrupción, derivada de 4.2.

4.4. Práctica imposibilidad de encontrar evaluadores calificados en número suficiente para tarea tan vasta como la propuesta, y que no tengan intereses creados en el mundo académico.

4.5. Lo mismo respecto a la innovación académica. Los innovadores siempre tropiezan con sus pares, que serán precisamente los evaluadores de la innovación.

4.6. Graves problemas con la libertad de enseñanza y académica:

4.6.1. Toda calificación de un grado o una carrera, responde a una idea de CÓMO deben enseñarse: materias que se pasarán, su contenido mínimo, el orden para impartirlas, los años de estudio, su didáctica, etc. Esta idea, naturalmente, es la del evaluador. Ratificada por la agencia calificadora a la cual pertenezca y por la Comisión, se convertirá en VERDAD OFICIAL, OBLIGATORIA, para los institutos de enseñanza superior. Sigan derechito la línea, por favor.

4.6.2. El artículo 15, inciso 2º, de la ley dice que, en todo caso, como requisito de la acreditación, las entidades de enseñanza superior deberán ‘‘reconocer y respetar siempre’’, ciertos ‘‘principios’’, entre ellos ‘‘EL PLURALISMO’’ y ‘‘LA TOLERANCIA’’.

Como la ley misma no define pluralismo ni tolerancia, puede hacerlo el Presidente de la República por decreto, ejerciendo su potestad reglamentaria.

¿Cabrá que mañana declare contrario al pluralismo y la tolerancia que una Universidad exija (según sucede hoy) que sus profesores sean masones, o que una Universidad Católica rechace nombrar un Decano de Medicina partidario del aborto o de la fertilización in vitro? ¿Se darían cuenta los parlamentarios católicos y las universidades católicas, en su momento, de lo que se estaba votando? Probablemente no, ¡se dan cuenta de tan pocas cosas!

A la postre, lo que se ha querido y conseguido es que EL ESTADO califique la idoneidad de la enseñanza superior. Pero el Estado, cuando menos el chileno, no se halla en condiciones de hacerlo, razonablemente. Y está a la vista. Se le encarga mejorar el servicio de las inefables micros amarillas, y produce el Transantiago. Se le encargan los juzgados de familia y... ya sabemos. Se le encarga la reinserción social de los jóvenes delincuentes, y éstos perecen por quemaduras y asfixia. Se le encarga una nueva justicia laboral, se le quiere encargar ‘‘asegurar la calidad’’ de la enseñanza básica y media a través de una Superintendencia... ¿qué se conseguirá? Como con la ‘‘acreditación’’, nada bueno. Sólo burócratas, toneladas de papeles, años de trámites burocráticos, abusos, empeños y corrupciones.

El Violentismo es más que Vandalismo, por Antonio Cortés Terzi

El Violentismo es más que Vandalismo

por Antonio Cortés Terzi

El tema de la violencia en Chile se ha mantenido durante un relativo largo tiempo en la agenda comunicacional y en los debates públicos. Situación un tanto extraña para una sociedad aficionada al zapping político y político-comunicacional. Tal vez su sola e inusual permanencia en los mass media y en las discusiones públicas sea un potente indicador de la seriedad del problema.

La importancia política y mediática que se le ha asignado al tema ha producido un amplio marco de análisis, opiniones, polémicas, propuestas, etc., que, por cierto, configuran una buena señal. Pero, como es natural en cuadros discursivos de esa magnitud, la proliferación de diagnósticos y de tratamientos tienden a generar dispersión en el abordaje de las cuestiones esenciales que atañen al fenómeno, sesgos en la búsqueda de explicaciones y controversias con dosis de maniqueísmo, particularmente estimuladas por las competencias entre agrupamientos y actores políticos.

Aportar a esas discusiones es la pretensión obvia de este Informe. Por supuesto que es un aporte acotado. Pero, además, ordenado a partir de algunas miradas e hipótesis analíticas que se resumen enseguida:

- El “objeto de estudio” es la violencia en tanto fenómeno social, entendiendo por tal no sólo un fenómeno con efectos y causas sociales, sino, sobre todo, imbricado a otros fenómenos y procesos sociales que aquejan a la sociedad chilena.

- Si bien los hechos y “agentes” violentistas pueden y deben distinguirse y separarse, también deben observarse los vínculos objetivados que se crean entre ellos y que los llevan a coincidir en el fenómeno que interesa: violencia social.

- Se concibe aquí la violencia social –tal cual hoy se manifiesta habitual y preponderantemente- como un fenómeno propio o fuertemente condicionado por factores estructurales y socio-culturales intrínsecos a la modernidad. Es decir, según aquí se piensa, aun las expresiones de violencia social de apariencia más “pre-modernas” o tradicionales, están orgánicamente ligadas a cambios y/o situaciones que se corresponden a las dinámicas modernizadoras seguidas por el país.

En virtud de estas miradas e hipótesis es que este Informe se concentra en un intento por definir e identificar rasgos característicos de lo que podría denominarse “violencia social moderna”.

Violencia social tradicional

Antes de entrar en ese punto cabe dar cuenta, aunque sea de manera somera, de lo que puede entenderse como “violencia social tradicional”, es decir, del tipo de violencia social que, en muchos momentos de la vida nacional, han acompañado movimientos y conflictos sociales y que hoy, sin haberse extinguido, tiende a ser suplida o subsumida por la violencia social moderna.

Las prácticas de esa forma de violencia social son de larga data, por lo mismo, no es difícil encontrar rasgos esenciales que la tipifican y que la diferencian de las formas modernas. A continuación se puntualizan algunos de los rasgos más significativos e identificatorios de violencia social tradicional.

1. Un primer rasgo -y probablemente el más decidor- se encuentra en el hecho de que la violencia social tradicional tiene, en la gran mayoría de las veces, adscripciones y articulaciones claras a proyectos y a estrategias y a organizaciones reivindicativas y/o políticas. Por supuesto que, dependiendo de variables, como motivación, masividad, sectorización, frecuencia, intensidad, etc., de las manifestaciones de violencia social, cambian los grados de tales adscripciones y articulaciones. Pero siempre –salvo muy excepcionalmente- existen nexos orgánicos entre esas manifestaciones y algún contenido político estable e identificable (cultura política y fuerza política).

2. La violencia social tradicional se caracteriza por manifestaciones que en sí y en lo genérico tienen un “programa” que cumplir. Es decir, si bien obedece o puede obedecer a objetivos políticos gruesos, más o menos permanentes y diseñados por estrategias estrictamente políticas, también responden a propósitos parciales y temporales que emanan tanto del cálculo político (o táctica) que encierra una estrategia política como de las convocatorias que la originan, convocatorias que siempre o casi siempre son de un preciso carácter reivindicativo. Ambos propósitos coinciden en el acotamiento en cuanto a tiempos, intensidad y fines de las prácticas de violencia social.

3. El componente político (y político-corporativo) que está en el trasfondo de la violencia social tradicional opera en un doble sentido: en primer lugar, como un factor de “racionalización” de sus manifestaciones (dentro por cierto del contexto de imponderables que imponen situaciones de esa naturaleza), esto es, tiende a instalarlas en lógicas de costos/beneficios políticos. Y, en segundo lugar, opera también como un factor que le otorga cierta previsibilidad a la ocurrencia, magnitud, alcances, etc., de esas manifestaciones.

4. La imbricación orgánica entre violencia social tradicional y las lógicas políticas y reivindicativas, implica que sus prácticas tienen, por norma general, liderazgos individuales y grupales que provienen de los mundos políticos y gremiales y que, por lo mismo, ejercen sus funciones liderales con los códigos que predominan en esos universos. Sin duda que ese tipo de ejercicio lideral es determinante para los efectos de prácticas de violencia social relativamente “racionales” y “disciplinadas” en cuanto a formas y fines.

5. Dado lo anterior, puede considerarse el uso de la violencia social tradicional como un recurso inmerso en una concepción negociadora de la política y de la lucha social, por ende, proclive a su autocontrol y a la consecución de posiciones que colaboren a la negociación.

6. Desde el punto de vista de la composición social, tradicionalmente la violencia social ha sido practicada, preferentemente, por grupos identificables en categorías y, normalmente, organizados en asociaciones gremiales: trabajadores, estudiantes, pequeños productores o comerciantes, pobladores, etc. Y las motivaciones tras tales prácticas de violencia social provienen, fundamentalmente, de situaciones y demandas propias de la categoría social que se trate. Ambas cosas influyen de gran manera en determinadas formas de expresión más o menos estables de violencia social. En términos gruesos, son expresiones socialmente focalizadas, de baja intensidad de violencia, con escasas repercusiones en el “orden público” general, etc.

7. Por último, hay otros tres rasgos de la violencia social tradicional importantes de destacar para el sentido de este análisis:

- aun cuando el uso de ciertos grados de violencia sea una decisión calculada, el escalamiento de esos grados –las veces que así sucede- normalmente no resultan de una voluntad premeditada, sino del desarrollo espontáneo de las circunstancias;

- salvo muy excepcionalmente, los protagonistas de un episodio de violencia social -según las características aquí descritas- no buscan ni su expansión social ni su intensificación; y

- incluso cuando el uso de la violencia resulta de decisiones preestablecidas, lo normal es que esas decisiones no estén acompañadas ni de criterios ni de medidas de corte paramilitar.

Violencia social moderna

La ”violencia social moderna” tiene un primer rasgo distintivo, a saber, que sus prácticas son o pueden ser compartidas por motivaciones, grupos y protagonistas muy dispares, sin nexos estables entre sí, sin coincidencias en fines inmediatos y, sin embargo, unidos, aunque sea laxamente, por una discursividad genéricamente anti-estatus y anti-política, y por un mismo o similar sentido de la violencia y su uso.

Un segundo aspecto que se destaca jerárquicamente es el distanciamiento de esas visiones sobre la violencia y sus manifestaciones respecto de las lógicas estrictamente políticas y reivindicativas. Por cierto que existen ligazones entre las prácticas de esa violencia y algunas movilizaciones por demandas políticas y corporativas, pero el criterio que opera en esas prácticas no es el de la negociación o el de la ocupación de posiciones de poder. El “programa”, a veces explicitado, otras veces subyacente en el empleo de tal tipo de violencia es la violencia social en sí, puesto que a través de ella se concretiza el radicalismo anti-estatus.

La radicalidad anti-estatus y el valor “programático” que se le asigna a la violencia en sí conlleva a:

i) una voluntad predispuesta –al menos en el plano de las ideas- a escalar en el uso de la violencia hasta los más altos niveles posibles con independencia del contexto específico en que se da el cuadro violento;

ii) concebir el ámbito o el objeto susceptible de recibir violencia social de manera casi ilimitada, dado que el estatus se encontraría representado y reflejado en un arco que va desde las macroinstituciones hasta las instancias u objetos más menudos que componen la existencia social establecida.

Por otra parte, la violencia social moderna se encuentra escasamente articulada a estructuras sociales y a nomenclaturas orgánicas sólidas y permanentes. Y en sí misma no está amparada por organizaciones y redes de envergadura. Habitualmente se la encuentra anclada en sectores marginales, preferentemente juveniles, y en menor medida, en sectores estudiantiles. A su vez ideológica y orgánicamente, se la encuentra representada (o liderada) en grupos disímiles: de adscripción “anarquista”, “tribus urbanas”, ultraizquierda, “barras bravas”, etc.

Ahora bien, es cierto que esos son, por excelencia y en general, sus espacios sociales y cuerpos organizados. Sin embargo, habría que prestar atención a características que peculiarizan ambos momentos:

a) La marginalidad que subyace en estos fenómenos posee elementos que tienden a diferenciarlas de la marginalidad tradicional. Dicho de manera breve y casi esquemática: la marginalidad tradicional está caracterizada, antes que todo, por profundas carencias económicas o materiales y socio-culturales y, luego, por niveles extremos de exclusión de lo sistémico y virtualmente de todas las partes que comprende lo sistémico. La marginalidad que está en las fuentes de la violencia social moderna sin duda que guarda relación con ese tipo tradicional de marginalidad, pero encierra también rasgos que la diferencian. En primer lugar, no necesariamente es una marginalidad que implique carencias extremas, sino una marginalidad que –pese a esa condición- tiene ciertos grados de accesos al “mercado moderno”, particularmente en la esfera del consumo. Y en segundo lugar, en muchos casos, es una marginalidad con niveles de inserción en lo sistémico, especialmente a través del sistema educativo.

Podría decirse, en suma, que en la “violencia social moderna” hay un sustrato de marginalidad que- sin dejar de serla- se da dentro de estructuras sistémicas, como por ejemplo el mercado moderno y el aparato educacional.

Estos cambios en los tipos de marginalidad son de suma importancia para los efectos de lo aquí analizado, porque, en gran medida, son determinantes en la configuración de nuevas formas de violencia social.

b) Comparativamente, también son bastante peculiares las discursividades y formas orgánicas que se dan los grupos proclives a practicar violencia social moderna. Ya se señaló que, en el campo de la discursividad, las ideas-fuerzas centrales son las del anti-estatus y anti-política y las de vindicación de la violencia en la que se imbrica un concepto de ella como medio y fin. Pero de ahí en más, es difícil descubrir otras ideas-fuerzas que pudieran converger en algo así como una ideología común. Claro está que esas carencias discursivas tienen un primer origen en el confeso desinterés “político-programático” que se halla en buena parte de esos grupos. Una segunda explicación pudiera encontrarse en las siguientes hipótesis.

En primer lugar, la violencia social moderna y los grupos que la postulan y ejercen responden a fenómenos nuevos, muchos de los cuales están inmersos en procesos propios de la modernidad y de la globalización y cuyos efectos culturales y valórico-conductuales se encuentran en pleno desarrollo y, por ende, sin decantamientos suficientes como para configurar matrices ideológicas y discursivas sistematizadas y centrípetas.

Y, en segundo lugar, el surgimiento de estos grupos es -las más de las veces-, espontáneo y sin interlocuciones entre sí. De ahí que cada uno de ellos encuentre sus referencias ideológicas iniciales en los contextos ideológicos que predominan en las realidades particulares en que nacen y que resultan idóneos para una discursividad anti-estatus y pro-violencia. En tal sentido, en cuanto a influencias ideológicas y simbólicas la gama de posibilidades es extensa: anarquismo, izquierdismo en lenguaje marxista, discursos antiglobalización, ecologismo radical, indigenismo, etc.

A todo esto habría que agregar, por otra parte, que la edificación ideológica “autónoma” de estos grupos también recibe el peso de elementos culturales promovidos por “atmósferas ideológicas” intrínsecas a lo culturalmente moderno y que reflejan el binomio reconstrucción/deconstrucción cultural.

Así, por ejemplo, gravita en los pensamientos de estos grupos el desprestigio y el criticismo hacia la política, la desconfianza hacia las estructuras de poder o autoridad, la reticencia a los mandos o poderes verticales, el escepticismo frente a ideologías omnicomprensivas, etc. Y, tal vez, uno de los elementos de esta naturaleza que resulta más curioso, por la influencia que tiene en esos grupos, es el retraimiento social. Aunque parezca contradictorio muchos de estos grupos reproducen, de facto, el retraimiento social al que tienden los individuos en sociedades modernas. En efecto, muchos de ellos se comportan como grupos socialmente retraídos, encerrados en sí mismos, sin gran interés en articularse socialmente y con miradas y nexos más bien “externos” respecto de lo social.

Obviamente que estos patrones ideológicos reseñados repercuten en las formas y mecánicas de sus organizaciones, las que revisten –siempre comparativamente- características sui generis, variando, por cierto, en virtud de los respectivos particularismos ideológicos.

En lo grueso, los aspectos más resaltables en cuanto a originalidades organizativas se pueden puntualizar como sigue.

Primero, las relaciones entre sus integrantes están predominantemente basadas en lazos personales o, dicho a la inversa, no se sostienen –como suele ocurrir en las organizaciones “tradicionales”- fundamentalmente en relaciones regidas por lógicas institucionales y formales, sino más bien por lógicas que se corresponden mejor con el sentido de “comunidad”.

Segundo, vistos los grupos estrictamente como estructura orgánica, su formalidad como tal y su funcionamiento es relativamente feble y poco estable. Cuestión que, entre otras cosas, tiene que ver con su simplicidad “programática”.

Tercero, el rodaje orgánico tiende a contener conductas de secta y de clandestinaje o semiclandestinaje. Sin duda que esas conductas están motivadas por la definición anti-estatus y por el sentido otorgado al ejercicio de la violencia. Pero responden también a la autopercepción de “comunidad” excluida y al retraimiento social que se mencionó más arriba.

Cuarto, la renuencia al poder vertical se manifiesta en intentos por generar ordenamientos orgánicos en virtud de vínculos horizontales y desjerarquizados y por erigir y aceptar liderazgos a través de fórmulas “naturales”, que se avengan mejor a los rasgos de comunidad que de institución.

Comentario final

La violencia social moderna es un fenómeno sustantiva y multifacéticamente nuevo. Los grados de novedades que entraña son un óbice para su reconocimiento analítico y para el reconocimiento de su condición social de parte de la política. La visión que hasta ahora predomina en los círculos políticos –e incluso en algunos círculos intelectuales – tiende a la negación del “carácter social” que revisten las prácticas y grupos “violentistas”. La condición de violencia social continúa asignándosele sólo o preferentemente a las expresiones de violencia social tradicional.

Pero, precisamente, mientras se empleen los parámetros que fija esta última para los fines de identificar qué es violencia social, el fenómeno moderno de la violencia no será bien asimilado.

La clave para una mejor aproximación al objeto de estudio se halla en dirigir la atención hacia su inserción en las dinámicas y cambios modernos. Efectivamente, no cabe dentro de las categoría de violencia tradicional, simplemente porque lo que refleja socio-cultural y conductualmente responde, principalmente, a procesos y dinámicas de la modernidad.

Son esos procesos y dinámicas los que influyen en la emergencia de motivaciones, actores y prácticas que transforman las mecánicas y contenidos que reviste la violencia de raigambre social.

Antonio Cortés Terzi: sociólogo y Director del Centro de Estudios Avance.

Super hoyo......

José Luís Pérez se convirtió en el flamante ganador del “concurso” de la Asociación de Automovilistas Unidos de Chile para descubrir el mayor “cráter” urbano producido por el deterioro de los pavimentos de nuestro país y que tanto daño producen a los vehículos motorizados, sean estos particulares, como autos y camiones, o de locomoción colectiva.

Pérez obtuvo por la fotografía del “evento”, a pesar de haber sido tapado apenas se supo de su participación en este concurso denuncia, un juego de cuatro neumáticos y una alineación gratuita de ellos. Esperamos que no haya que esperar al próximo concurso para que se arregle una infraestructura que está en estado catastrófico.

Reservas morales "bajo" ataque

Desde hace ya bastante tiempo la Familia, la Iglesia y las Fuerzas Armadas están sufriendo el embate de ciertas fuerzas, sean estas políticas y/o mafiosas, que aspiran a su destrucción. Vemos la agresión y o no la creemos o simplemente nos hacemos los lesos, básicamente por el desconcierto que nos produce la absoluta falta de reacciones o de informaciones.

Las causales de esta brutal agresión, que para nosotros es muy clara, están definidas por la necesidad de algunas “ideologías” de terminar con estos elementos de la sociedad que le brindan una reserva moral infranqueable, que se opone a sus afanes por la conquista del poder total.

La Familia, base de nuestra sociedad, potencia a sus miembros y les da valor para oponerse a los afanes totalitarios de algunos, por lo que hay que destruirla, desvalorizándola y promoviendo el divorcio.
Las iglesias son un freno insalvable para la prédica de la amoralidad y el excesivo vivir sensorialmente, además de un permanente defensor de la justicia, por lo que hay que desprestigiarla al máximo, neutralizando así su mensaje de imprescindible labor pastoral y social.

Las Fuerzas Armadas, como foco permanente de nuestra historia, elemento de defensa y promotores del amor patrio, deben ser aniquiladas, destruyendo de paso su capacidad de auto defensa.

Dios, Patria, Familia y Justicia, son los verdaderos sostenes de nuestro sistema de vida Cristiano occidental, razón más que suficiente para que nuestros enemigos se desvelen por provocar su destrucción o un desprestigio paralizante.
Hemos reducido a pocas líneas, y cada una con escasas palabras, el ataque permanente que están recibiendo nuestras sociedades, como una manera de alertar sobre los riesgos que deberemos enfrentar, haciendo conciencia clara de nuestro deber ineludible de salir en defensa de nuestros valores.

Ni la comodidad, ni la molicie, ni las entretenciones, ni el trabajo pueden ser excusas para el no cumplimiento del deber de proteger nuestros valores, nuestra forma de vida y nuestra Patria, asegurando, además, un porvenir para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

No te hagas el leso, pues la irresponsabilidad en estas materias es muy parecida a la cobardía, esa que seguramente después nos hará llorar como niños lo que no hemos sido capaces de defender con la dignidad de hombres y mujeres de nuestra tierra.

Fábula del sapito y el escorpión, por Juan Ignacio Oto

No cabe duda que el Gobierno de Michelle Bachelet es percibido por la mayoría de la gente como malo, a pesar de haber contado con recursos extraordinarios, provenientes de los altísimos precios del cobre, que hasta la fecha no han sido bien utilizados. Las razones para esta percepción pueden ser muchas. Por de pronto, la chambonada símbolo es la implementación súper defectuosa del Transantiago, que ha deteriorado la calidad de vida de las personas que utilizan transporte público, provocando además un efecto inverso del deseado, ya que cada vez más población utiliza vehículos particulares.
Sin embargo, creemos que hay situaciones más estructurales y de fondo que complican el panorama económico y social. Tal vez la más relevante es la tozudez en aplicar una política de “ayuda” social que no llega a quienes de verdad se desea beneficiar, produciéndose en cambio corrupciones de alto impacto mediático, como en Chiledeportes y los programas de empleo; ello, en lugar de tomar medidas que, como una rebaja del IVA, significan reactivar la economía y favorecer a las pymes, y con eso en forma automática a toda la población. También influyen en el sentimiento negativo de la gente una delincuencia, unida al narcotráfico y drogadicción, a la cuál no se le pone atajo; protestas crecientes, con fuertes desórdenes públicos, de sectores que buscan participar de la supuesta “bonanza del cobre”, y la constatación de que áreas tan sensibles como educación y salud no mejoran en forma sustancial, a pesar de que se les inyecta cuantiosos recursos. Todo esto da para pensar que la teoría del desalojo, planteada en un texto por el senador Allamand (RN), tiene bastante asidero.

No obstante, pensamos que hay buenas probabilidades de que la Concertación consiga un nuevo triunfo presidencial y continúe en el Gobierno por un próximo período. Los motivos para que ocurra esto emanan tanto de la Moneda como de la oposición de derecha. Por parte de la administración del Estado, si bien los errores cometidos hasta la fecha son nutridos, cabe esperar que en los dos próximos años, antes de la elección de primer mandatario, se perciban algunos efectos positivos de gastar o invertir parte de los cuantiosos recursos del cobre, que alcanzan a cerca de 30.000 millones de dólares; por mucho que en el sistema asistencialita se produzca derroche y corrupción, algo debiera llegar a los legítimos destinatarios. Por el lado de la oposición, sentimos que la tendencial debacle del Gobierno se ve compensada por lo que denominaríamos “la fábula del sapito y el escorpión”, que se da tanto a nivel de los partidos de la Alianza de derecha, como de su candidato a presidente más destacado, Sebastián Piñera.

Una versión libre de la citada fábula narra así. Estaba un escorpión al borde de un río, esperando para que algo o alguien lo cruzara al otro lado; en eso aparece un sapo que justamente va en ese sentido, por lo que el alacrán le pide que lo lleve en la espalda, a lo cual el anfibio se niega en primera instancia argumentando que lo puede matar clavándole el aguijón. Ante eso, el arácnido le contra argumenta : “Cómo se te ocurre, sapito lindo, si lo hiciera mientras vamos cruzando, yo también moriría porque no sé nadar”. Ante este razonamiento el anuro accede, pero cuando van en la mitad del caudal el escorpión le clava la lanceta. Agónico y sorprendido, el sapo le pregunta: ¿“Porqué lo hiciste? Moriremos los dos”. Y el alacrán le responde: “Perdóname sapito, pero está en mi naturaleza”.

La historia de nuestro país indica que está en la naturaleza de los partidos de derecha, cuando tienen posibilidades de acceder al poder, comenzar disputas y producir divisiones que los distancian del electorado. Los ejemplos son muchos y el más reciente es la absurda pelea entre los senadores Allamand y Longueira por la paternidad de un proyecto de ley referente al sueldo base.

En cuanto a Sebastián Piñera, sin duda es un gran candidato, y muy talentoso. Sin embargo, su trayectoria permite predecir que siempre tropezará con la misma piedra en lo que se refiere a compra y venta de acciones, lo que lo hace vulnerable a las críticas. Es un gran empresario, pero más que nada es un gran especulador, que no se resiste a “una buena pasada”. Originalmente, compró Lan en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, junto a la familia Cueto, en unas pocas decenas de millones de dólares, en una oferta “a medida”… Hoy la empresa vale más de 5.000 millones de dólares. Siendo ya inmensamente rico, no se aguantó y negoció directamente con los españoles que compraron Enersis/ Endesa (siendo senador), para obtener un par de millones de dólares más que el resto de los accionistas minoritarios. Ahora último, son conocidas las inoportunas compras –al margen de que sean legales o no– de acciones Lan y de Blanco y Negro (Colo-Colo).

En suma, por lo conocido hasta el momento, el “desalojo” de la Concertación debiere hacerse efectivo, pero bien podría ir mejorando el desempeño del Gobierno, en especial con el apoyo financiero de los excedentes del cobre. Por su parte, para tener posibilidades de llegar a la presidencia de Chile, tanto las entidades de derecha como su principal candidato deberían “curarse” de sus respectivos “síndromes del sapito y el escorpión”.

Juan Ignacio Oto, Director Revista Ercilla

Una visión de nuestra política

CIRCO POBRE Y MEDIOCRE

Nuestros políticos, de todos los sectores y colores, se quejan de las malas evaluaciones que hace la ciudadanía de quienes ejercen la actividad y de los Partidos, que le dan el sustento institucional a una “clase” tan especial.

Las remuneraciones de estos “servidores públicos”, generalmente fijadas por ellos mismos, son una de las causas del desprestigio que sufren, pues, el pueblo considera que ganan mucho para una escasa productividad.

La aparición de verdaderas “polillas” entre nuestros representantes, que han festinado y farandulizado la problemática nacional, sin duda es otro de los factores que influye en la despectiva mirada societaria al accionar de estos “funcionarios”

El excesivo afán de protagonismo, el permanente “chaqueteo”, la falta de consecuencia, los discursos engañosos, la falta de claridad, las permanentes denuncias de deshonestidad poco ayudan a mejorar la imagen de estos “burócratas”

Las declaraciones incendiarias, el permanente abandono de sus funciones, el abuso de los dineros públicos, la “abdicación” de sus labores fiscalizadoras, cuando no la justificación de la corrupción, aumentan la mala imagen proyectada.

La escasa preocupación por los problemas nacionales, la permanente promesa de corte electoralista, la facilidad con que olvidan sus ofertas, los espectáculos grotescos, reafirman la mala opinión que hay sobre ellos.

Las acciones de nuestra “clase dorada” les hacen aparecer no como estadistas, sino que les asemejan, de manera muy evidente, a los payasos de un circo pobre y mediocre, con la sola diferencia que el personal circense nos entretiene.

La imagen que tenemos de nuestros “gobernantes” no se debe a que exista antipatía a las Autoridades, son el resultado esperable de la escasa capacidad demostrada y de la absoluta falta de seriedad que evidencian.

Debemos advertir, que esta explicación, que cabe a la mayoría de los actores de la actividad, tiene excepciones, que, como advierte el axioma matemático, solamente confirman la regla.

Esta nota corresponde a la visión de Mario Montes, Director de Diario Reacción Chilena, www.reaccionchilena.blogspot.com

Es la expansión fiscal el camino?, por Juan Andrés Fontaine, Economista.

Con la exposición del estado de las finanzas públicas y el envío al Congreso el proyecto de ley para el presupuesto fiscal del próximo año, el Ministro de Hacienda ha mostrado sus cartas. La visión que emana de ellas es que el Estado puede y debe hacer más por promover el desarrollo económico. Enhorabuena. Hasta ahora, la atribulada administración de la Presidenta Bachelet parecía más motivada por favorecer una etérea participación ciudadana o por la inquietante construcción de un Estado Protector que de impulsar el crecimiento económico. En verdad Chile necesita un nuevo impulso de genuino crecimiento. Pero, ¿es el gasto fiscal el vehículo apropiado para llevarnos al desarrollo?

Ha ejemplificado el ministro el camino que tenemos por delante, señalando que, si mantenemos el ritmo de crecimiento observado desde 1990, alcanzaremos el actual producto per cápita de un país como Portugal el 2020 y podremos considerarnos desarrollados. El ex presidente Lagos nos proponía alcanzar a España el 2010, ahora la meta es menos ambiciosa. Pero, más importante que ello es que nuestro crecimiento en los últimos diez años ha descendido a menos del 4% anual y que el incremento de la capacidad productiva se estima ahora en sólo 5% anual, ritmo a todas luces incompatible con la meta propuesta. Hay que apurar el tranco del desarrollo con un macizo programa para impulsar la inversión, la generación de empleos y la productividad.

La Exposición de la Hacienda Pública no se hace cargo de nuestra falta de dinamismo económico. Se felicita por la recuperación de la inversión observada este año, pero omite que la tasa que alcanzaremos –alrededor de 21% del PIB- es claramente insuficiente, a la luz de la experiencia de las economías que han logrado un despegue exitoso. Admite que la productividad ya no crece con vigor, pero cifra sus esfuerzos principalmente en la futura Estrategia Nacional de Innovación por la Competitividad. Aunque esa iniciativa parece tener aspectos valiosos, es a fin de cuentas, un arriesgado ejercicio de planificación central, en el que el Estado selecciona ocho sectores a ser favorecidos con subsidios a la innovación y el emprendimiento, e implica un cuantioso gasto público en investigación y desarrollo de dudosa efectividad. El camino alternativo, y probadamente eficaz, de abrir más espacio a la innovación empresarial, aboliendo trabas burocráticas y aliviando la carga tributaria, sigue siendo tercamente descartado, por razones políticas.

El presupuesto fiscal para el próximo año nuevamente deja pasar la oportunidad de destinar la fuerte mejoría de las finanzas públicas a impulsar la innovación y la productividad, rebajando impuestos perjudiciales y favoreciendo una profunda reforma del sector público. En cambio, contempla un masivo incremento del gasto público, ascendente a 13,5% en términos nominales, y estimado en 8,9% en términos reales, de acuerdo a la proyección oficial de inflación, que supera el 4%. Con ello, el gasto público habrá aumentado en la impresionante suma de US$ 10.000 millones (en moneda del 2007) durante los primeros tres años de la gestión Bachelet.

Más allá de tomar las debidas precauciones para asegurar el buen uso de los recursos, las implicancias macroeconómicas de semejante avalancha fiscal no pueden ser pasadas por alto.

Entre los más variados analistas ha sido bien recibido el hecho que el presupuesto contemple un incremento del gasto algo inferior al esperado y que se encuadre dentro de la regla fiscal. Pero, la verdad es que ello obedece principalmente a la sorprendente explosión de costos de Codelco, esto es, a gastos que en lugar de ser efectuados por el gobierno central son realizados por la minera estatal. El deterioro de su eficiencia es un hecho grave y que merece la máxima atención. La principal razón aducida contra la privatización de Codelco es su repercusión en las finanzas públicas. Pues bien, al precio del cobre estimado de largo plazo (de US$ 1,37 por libra), la contribución a los ingresos fiscales de la minera estatal es superada con creces por los impuestos recaudados de sus similares privadas.

El incremento previsto en el gasto público es particularmente inconveniente en presencia del fuerte brote inflacionario observado en los últimos meses. Sea que este proviene sólo de las alzas de ciertos productos alimenticios o que refleje también presiones salariales y mayores márgenes debido al agotamiento de la capacidad productiva ociosa, lo cierto es que hay que moderar la demanda agregada para impedir que la epidemia alcista se propague y apodere de las expectativas. Un impulso fiscal ahora es entonces contraindicado.

Que el presupuesto se atenga a la regla fiscal vigente, desde luego no lo hace inofensivo desde el punto de vista macroeconómico. Cuando un año atrás 20 economistas sugerimos pasar a una regla de presupuesto estructural equilibrado, planteamos que debía hacerse en forma gradual, atendiendo las circunstancias macroeconómicas y destinar los recursos correspondientes a impulsar la inversión y la productividad. Cuando en mayo pasado la Presidenta Bachelet anunció la rebaja del superávit estructural desde el 1% al 0,5% del PIB, el panorama inflacionario era otro. Efectuar ese cambio de golpe es hoy inconveniente. Descartar la rebaja de impuestos a la inversión es también inconveniente, porque el cuadro económico externo e interno puede volvérsele adverso.

La estrategia fiscal planteada por el Gobierno no es favorable al crecimiento de la economía. El impulso que el gasto público le infunde a la demanda habrá de ser controlado por el Banco Central elevando los intereses, a fin de conseguir que la inflación vuelva paulatinamente a situarse en torno al objetivo del 3% anual. El alza del costo del crédito perjudica la inversión, palanca fundamental del crecimiento del producto y del empleo. En las actuales circunstancias externas, el aumento del gasto público y los intereses exacerbarán la caída del dólar, con el consiguiente perjuicio para los exportadores, importante motor de nuestro desarrollo.
Los tiempos económicos se tornan complicados. A los nubarrones externos –posiblemente pasajeros- asociados a la crisis hipotecaria norteamericana, se agrega la fuerte arremetida de la inflación interna. En lugar de aprovechar la holgura fiscal para rebajar los impuestos que inhiben la inversión y la innovación, el Gobierno prefiere abrir nuevamente el grifo del gasto público. En un gobierno crecientemente impopular es posible que ello obedezca a razones políticas. Pero tras el rechazo de la opinión pública a la gestión gubernamental no está sólo el fiasco del Transantiago, sino muy probablemente también el temor a la inflación. Temor justificado, si la política fiscal no colabora.

Tomado de Diario La Segunda

Gonzalo Vial nos enseña a pensar....

Sorprendente conducta de un magistrado, por Gonzalo Vial

En la saga de los procesos contra el general Pinochet y su familia, las actuaciones del magistrado que lleva el juicio criminal Riggs, la semana pasada, exceden los límites conocidos de la rareza, y originan conclusiones lamentables.

1. Los hechos indiscutidos son los siguientes:

a) Que EL CUATRO DE OCTUBRE el juez dicho ordenó detener a veintitrés personas, incluidos trece militares y cuatro mujeres, una de ellas viuda, conocidamente hipertensa y de 84 años de edad. La detención debía ser cumplida de inmediato, sin demora, y así se hizo el mismo día, desplegando Investigaciones al efecto un numeroso parque de vehículos policiales y UN CENTENAR (El Mercurio, 5 de octubre) de agentes.

b) Que los civiles varones fueron capturados A PUNTA DE PISTOLA, y obligados a subir a los automóviles policiales (El Mercurio, 8 de octubre). La señora de 84 años sufrió una descompensación al ser aprehendida en su casa.

c) Que las mujeres detenidas, salvo una que tenía rango militar, pararon en el Centro Penitenciario Femenino, en celdas individuales sin ventana, con piso de cemento y por mobiliario una cama y un velador. Los civiles varones, en el Penal Santiago Nº 1 de Gendarmería, los tres juntos en una habitación con literas y un velador. No se permitió los viesen familiares que concurrieron allí, porque no era (se les dijo) día de visita. Pero un diputado pudo sí acceder a ellos (La Tercera, 6 de octubre); ignoro en virtud de qué ley o reglamento él sí y los parientes no. La señora de 84 años quedó internada en el Hospital Militar, sedada y medicada, gracias a que los facultativos del establecimiento se opusieron con firmeza a que fuera asimismo conducida al Centro Penitenciario Femenino.

d) Que la suerte de los oficiales procesados fue muy distinta. Citados por intermedio del Ejército a dependencias de éste, y se les notificó allí su detención. Esta se materializó en el Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén, bajo condiciones de relativa comodidad.

e) QUE AL DIA SIGUIENTE DE LA APARATOSA DETENCION, CINCO DE OCTUBRE, el mismo juez, de oficio, sin que nadie se lo pidiera, decretó la libertad bajo una modesta fianza de todos los detenidos, salvo uno que no había sido encontrado por la policía.

f) QUE AL DIA SUBSIGUIENTE, 6 DE OCTUBRE, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las libertades bajo fianza, rebajando ésta a un monto nominal. MAS AUN, la extendió DE OFICIO al único procesado no encontrado hasta ese momento por la policía, debido a lo cual ni había pedido la libertad, ni el juez se la había dado motu proprio como a los otros.

2. La primera conclusión de los hechos que anteceden es que el juez instructor quiso detener a los civiles procesados, y mantenerlos presos, en las más duras condiciones posibles, incluso a la señora hipertensa de 84 años, todo el tiempo que demorase la Corte en confirmar las libertades QUE EL SABIA QUE LES ERAN DEBIDAS.

Tanto lo sabía, que él mismo las ordenó SIN QUE NADIE SE LO PIDIERA.

Si lo hubiera hecho en la misma resolución de procesamiento, la Corte hubiera podido confirmar las libertades esa misma tarde, y no hubiesen pasado los detenidos SIN MOTIVO ALGUNO dos noches de cárcel.
Y que podía hacerlo en esa resolución, antes ser materialmente detenidos los afectados, se confirma por el hecho de haberlo dispuesto la Corte, también de oficio y sin petición de nadie, respecto al único procesado no habido por la policía.

Entenderá el lector la sensación de espanto, de entrever algo oscuro y amenazante en el fondo de un alma, que me causa oír al juez que ha incurrido en este transparente acto de inhumanidad, decir «Yo entiendo el dolor que ellas han padecido... de alguna manera (también lo) tengo» (El Mercurio, 7 de octubre). «No es posible que se entienda que yo dicto una resolución nada más que por perseguir o por meter a la cárcel a una señora de 84 años, que es dignísima» (La Segunda. 5 de octubre). «Tengo hambre de que todos los sectores de la sociedad vean en mí un juez y no un persecutor» (La Tercera, 6 de octubre). Mejor callar.

3. Tampoco resisten análisis las explicaciones que ha dado el juez instructor por su conducta. En efecto:

3.1. Dice que, adquirida por él la convicción de que se ha cometido un delito, y de sus responsables, sería «simplemente... mi deber... hacer precisamente lo que he hecho» (El Mercurio, 6 de octubre). Pero esto, que es exacto, se refiere al procesamiento, no a la libertad bajo fianza.

3.2. Confirmando lo anterior, al otorgar él mismo al día siguiente las libertades, de oficio, sin pedirlo nadie, señala: «Todas las personas tienen derecho a enfrentar un procesamiento en libertad» (La Tercera, 6 de octubre). El mismo derecho tenían el día 4, y si el juez los iba a dejar libres motu proprio de todas maneras, ¿por qué lo hizo el 5 y no el 4, asegurando así que pasarían dos noches presos? ¿Cómo se compadece esta actitud con el ‘‘derecho’’ de ‘‘todas las personas’’ a ‘‘enfrentar un procesamiento en libertad’’?

3.3. Sobre la premura en dictar el procesamiento. «No podía tardar, porque estaba pendiente desde hacía mucho tiempo... Ya se está violando la norma que dispone una rápida investigación... (y) los tratados internacionales que exigen que un debido proceso tenga una tramitación rápida y oportuna» (La Segunda, 5 de octubre). Mas el apuro cesa una vez que está claro que los procesados serán detenidos y recluidos con escándalo. Entonces, AL DIA SIGUIENTE, el juez se va de vacaciones con toda su familia. ¿Es serio esto?

3.4. A la verdad, el procesamiento podía esperar perfectamente que el juez instructor concluyera sus diez días de vacaciones. Es muy desgraciado que la resolución respectiva haya coincidido con recibir el magistrado un premio monetario por su conducta judicial. Dice, y confirma la entidad norteamericana que lo distinguió, que el fallo ‘‘no está directamente relacionado de ninguna manera con este premio’’ (La Tercera, 6 de octubre). Pero su página web, explicando la distinción, señala: ‘‘HASTA HOY continúa llevando a la justicia a miembros de la familia Pinochet por corrupción y evasión tributaria’’ (El Mercurio, 5 de octubre).

Esperaré (sentado, pues quizás la cosa demore) que la Corte Suprema aclare si es apropiado que un juez en ejercicio, por la forma como lleva un juicio pendiente, reciba 167.000 dólares de un particular.

3.5. De todo lo que ha dicho el juez instructor, me quedo con lo que sigue: ‘‘Si un juez siente que la tiene (animadversión contra una parte de un juicio)... por supuesto que tiene que dejar de actuar como tal’’ (El Mercurio, 6 de octubre). Los indicios externos, que naturalmente es lo único que podemos apreciar, conducen a concluir que dicho juez se halla en la situación que describe, y a pedirle que actúe consecuentemente.

4. Estoy cierto de que las mejores condiciones de detención y reclusión, de que gozaron los oficiales y ex oficiales envueltos en este penoso asunto, fueron las reglamentarias. Nadie, por supuesto, puede censurarles que las aprovecharan. No sé por qué no se aplicaron al ex oficial Augusto Pinochet Hiriart, pero debe haber existido un motivo plausible. Es lógico que las autoridades castrenses se preocuparan del cumplimiento de estas normas, coordinándose con Investigaciones. Quizás hubieran podido extender un poquito este celo, para proteger de las indignidades que sufrió, a la anciana y enferma viuda de quien fuera veinticuatro años su Comandante en Jefe. Evitando así la posible y seguramente injusta sospecha de que se ha decidido aplicar a la viuda y memoria del general Pinochet la política de si te he visto no me acuerdo.

Chile se enrojece......

Bachelet versus Bachelet...



El pasado viernes 5 de octubre, la ex marxista celebró el triunfo del NO, una alternativa que supuestamente iba a traer igualdad y tolerancia a Chile, en lugar de crímenes violentos y cesantía.


En lugar de admitir los fracasos de cada programa social de la concertación: desde la reforma de educación, justicia y salud, Bachelet agredió a los que piensan distinto a ella y desconocer todos los problemas sociales y políticos que ha creado su gobierno en menos de dos años. “No podemos cometer el error de mirar la realidad con los ojos de la derecha" dijo en referencia a las constantes críticas provenientes de ese sector.

La negación de la izquierda no nació ayer tampoco la capacidad que tienen para contradecirse a sí mismos, lo que si sorprende es que los medios no tienen interés en poner las declaraciones de la presidente de la república bajo el microscopio.


Como dije más arriba , Bachelet dijo en su campaña : "yo no quiero hacer promesas" , pero en la fiesta del odio del 5 de octubre afirmó todo lo contrario: "asumo aquí un compromiso, que es también una promesa, vamos a superar los problemas de hoy, vamos a cumplir lo prometido, con lo que estamos haciendo de Chile un país más justo y más libre".
Más justo y más libre?? Si el término "justicia" para el gobierno de Bachelet significa permitir e incentivar a sus "bases" para que transformen a Chile en una zona de guerra, estoy comenzando a preguntarme que significado tiene la palabra "libertad" para Michelle.

Reproducimos esta nota, tomada de http://elrincondemichelle.blogspot.com por considerar que hace un análisis claro, simple y profundo de las contradicciones de nuestra Mandatario, desnudando sus tremendas incoherencias de un Gobierno que se enrojece con cada acción.

Somos más......

La mayoría de los chilenos somos independientes, es decir no estamos afiliados a ningún Partido Político ni pertenecemos a ninguna de las coaliciones que se disputan el poder, esta realidad, aunque nos limita en la posibilidad de llegar a cargos de representación, sin duda nos da el poder de definir quienes serán los encargados de dirigir la Nación.

Motivaciones como la simpatía, el genero o las promesas de los postulantes deben dejarse de lado, para seleccionar solo a aquellos que en su vida hayan demostrado tener las capacidades o habilidades que les permita solucionar los problemas que agobian a nuestro pueblo.

Después de casi 18 años de concertación debemos darnos cuénta de que han demostrado escasas aptitudes, pero lo que es más grave han denorado una inmensa falta de respeto a nuestro pueblo. Las pruebas están a la vista, solo recordaremos sobresueldos aberrantes o un Transantiago que martiriza a millones de compatriotas.

El voto, que es persdonal e intrasferible, debemos utilizarlo de manera eficiente, parta castigar a aquellos que se han burlado de las espectativas populares y promover a aquellos que pueden presentar una alternativa a la situación que vivimos. La alternancia en el poder es una necesidad imperiosa.

No debemos olvidar que el voto es secreto, pero que ante nosotros somos responsables por las autoridades que elegimos. Si lo hacen mal, es porque nos equivocamos en "contratarlos" y en el proximo proceso debemos despedirlos.

Sobre promesas y resultados, un artículo que vale la pena tomar en cuenta.

Aniversarios para no recordar, por Gonzalo Vial.

Las últimas semanas se han multiplicado los recuerdos —a veces sentimentales — de dos ‘‘reformas’’ del año 1967, la Universitaria y la Agraria. Sobre la primera, han escrito algunos de quienes la desencadenaron, jóvenes de aquellos años. Sobre la segunda, son la Democracia Cristiana y la familia y seguidores del Presidente Frei Montalva, los interesados en festejar la efeméride.

Quisiera explicar las razones por las cuales, a mi juicio, no hay nada positivo que decir sobre ninguno de estos hechos, importantes pero sumamente dañinos para el país.

1. La Reforma Universitaria comenzó el año 1967 en las universidades Católicas, y de allí se extendió a las otras.

De sus ‘‘realizaciones’’ no quedó, después del golpe militar, nada que justificara o hubiese exigido las largas disputas y violencias interalumnos y contra profesores que generó aquel proceso, inolvidablemente caótico.

Por fortuna para los responsables, el golpe militar anuló sus ‘‘victorias’’. Así se pudo alegar que no alcanzaron a producir frutos.

Sin embargo, ya van diecisiete años de gobierno de quienes fueron fervorosos protagonistas o partidarios de las reformas. Muchos de sus entusiastas defensores los años ’67 y siguientes han sido después de 1990 jefes políticos, gobernantes, ministros y subsecretarios educacionales, rectores y otras autoridades de los planteles superiores, senadores, diputados. Han tenido por ende la ocasión de reponer las reformas que ahogaron los militares. ¿Qué han hecho al respecto?

1.1. Excluyamos primero las modificaciones de funcionamiento académico, que desde luego no eran ni son dogma revelado, ni está claro que fueran indispensables, para imponerlas, la violencia y el caos abatidos sobre las universidades aquellos años.

Me refiero a planteamientos como el currículo flexible, el sistema de créditos, la mayor proporción de profesores de tiempo completo, las reglas más objetivas en cuanto a admisión, pruebas de conocimientos y notas, etc. Nada de lo anterior exigía, para instaurarse, el terremoto reformista. Baste recordar que en todos o casi todos estos aspectos, aplicaba reglas modernas y sensatas la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Santiago, de inspiración ‘‘Chicago’’. Y sus alumnos y profesorado fueron enérgicos enemigos del reformismo revolucionario de la FEUC, impidiendo la huelga y la toma en dicha Facultad.

1.2. Vamos ahora a los objetivos fundamentales de los cambios reclamados el año 1967:

1.3. Desde luego, no eran nuevos, sino muy antiguos y trillados. Venían del argentino ‘‘grito de Córdoba’’, el año 1918, y los había recogido la FECH de los años ’20, en ambos casos con agitaciones similares, aunque no tan intensas, a las de 1967. Las tres veces, por ejemplo, se pedía que la universidad no fuera ‘‘profesionalizante’’, sino que diera a los alumnos una amplia formación cultural. Y que dejara de ser una ‘‘torre de marfil’’, y se conectase a las realidades y problemas —y aun, se decía, corriendo los años finales del período 1967/1973, a las revoluciones— del país.

Nada de esto se ha dado, después de casi dos décadas de restaurada la libertad universitaria. Los estudiantes universitarios de hoy, sus profesores y sus planteles... ¿no hacen el mismo o aún mayor énfasis que los de entonces, en el adiestramiento técnico para las respectivas profesiones?; ¿no exhiben igual si no superior indiferencia que aquel entonces ante los problemas socioeconómicos y políticos del país?; ¿no poseen un nivel e interés cultural inferiores, aún, a los que mostraban los años ’60 del siglo pasado? De lo que, respecto al último punto, trajo la reforma, sólo persisten los ramos llamados ‘‘electivos’’ que —con algunas honrosas excepciones— ni la universidad ni sus alumnos toman en serio y suelen ser de baja calidad y poca importancia.

1.4. Pero las anteriores no eran las banderas más altas de la Reforma Universitaria, sino las dos que siguen. Analicemos su estado actual:

A) “COGOBIERNO UNIVERSITARIO’’. Es decir, que las autoridades académicas —rectores, decanos, consejos— fueran elegidas en votación directa por los profesores, alumnos y funcionarios administrativos de cada universidad.

Este fue, puede decirse, el emblema de la reforma. Por él renunció al Ministerio de Educación Juan Gómez Millas, gran figura intelectual de la segunda mitad del siglo XX. Ni el Presidente Frei, ni los políticos adultos de la DC estaban muy convencidos, pero no pudieron resistir a las federaciones de alumnos universitarios (todas democratacristianas) y aflojaron. Los militares, sin embargo, abolieron el ‘‘cogobierno’’. Y lo prohibieron explícitamente en la LOCE, artículo 45, letra e)...

... Y ahí sigue prohibido. Diecisiete años pasados desde que llegó la alegría, y nadie ha PROPUESTO siquiera derogarlo, hacer posible el ‘‘cogobierno’’, tan fundamental el año ’67. El proyecto en curso de modificación de la LOCE olvidó este ‘‘enclave autoritario’’. No sé si el informe de la comisión sobre enseñanza superior, recién entregado, contiene algo al respecto; me parece que no. ¡Tanta revuelta, tantos discursos y ríos de tinta de los jóvenes ‘‘cogobiernistas’’, hace treinta años, y ahora que mandan o influyen, este ideal ‘‘intransable’’... simplemente se les olvidó!

B) “UNIVERSIDAD PARA TODOS’’. Los militares establecieron exactamente el principio contrario: ‘‘Universidad PAGADA para todos’’. Y es el mismo de hoy, y a unos precios siderales... cancelar el alumno, cada mes, lo mismo o más de lo que paga el estudiante medio de un colegio particular... y de uno CARO. Créditos universitarios y becas, que también se conocieron bajo el régimen militar, son sólo paliativos, no soluciones.

No se trata de decir si lo anterior es bueno o malo, sino simplemente de observar que a la ‘‘Universidad para todos’’ se la llevó el invierno dictatorial... pero no volvió, ni siquiera como buen deseo, con la primavera democrática. Mejor dicho, un paso se ha dado, pero LO DIERON LOS MILITARES. Ahora ingresan muchos más jóvenes a la enseñanza superior, pero es porque aquéllos crearon las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Vale decir, hoy, LA MITAD de las vacantes de ese nivel de enseñanza.

Esto es lo que queda de la Reforma Universitaria. Nada. No sé, entonces, qué celebran sus antiguos y enfriados entusiastas. Será la nostalgia de las puertas encadenadas, los lienzos desafiantes en los frontis de los edificios invadidos, las noches de ‘‘toma’’ con sus piquetes de vigilancia, sus fogatas, sus cervezas, sus salchichas y sus romances... Pero tampoco debiéramos festejar el triunfo de la fuerza, aquellos años; la fuerza a la cual cedieron el Gobierno (si, peor todavía, no estaba de acuerdo), la Iglesia... Pues toda concesión a la fuerza es un precedente y un ejemplo.

2. La Reforma Agraria es tema demasiado extenso e importante para abordarlo en poco espacio. Trataré, pues, sus fallas de concepto, dejando para otra oportunidad las de ejecución.

2.1. Fue presidida por dos resentimientos: el de campesinos contra patrones, y el de clase media contra terratenientes, mirados como el símbolo de una orgullosa y despreciativa aristocracia. El segundo resentimiento utilizó al primero. Cuenta un dirigente campesino de la DC, en un librito muy educativo de 1970 (‘‘Hasta Aquí No Más llegó Tu Patrón’’), que el vice de CORA, también DC, explicaba a los trabajadores ‘‘que los dueños de fundos usaban la tierra sólo como pantalla para obtener créditos en los bancos con el fin de comprar maquinarias, pero el dinero de estos préstamos lo malgastaban en comprar autos, aviones y paseos a Europa’’. Jamás resultan las políticas públicas basadas en resentimientos.

2.2. Se tomó por base que la insuficiente producción agrícola exigía, para mejorar, subdividir la tierra y entregarla a los campesinos, pasando por alto los estudios que, ya desde los años 1950, negaban ese supuesto. Las verdaderas causas de la crisis productiva de la tierra fueron ignoradas o minimizadas.

2.3. Se propuso e hizo aprobar una ley de reforma, y se la ‘‘mejoró’’ con otra —la ‘‘Ley Aylwin’’—, que dejaban en total indefensión a los agricultores expropiados. De este modo pudo la Unidad Popular crear un imperio de MILLONES de hectáreas agrícolas propiedad del Estado y administradas por él centralizadamente, sin cambiarle una coma a las leyes democratacristianas. No es posible, como a veces se pretende, separar la reforma agraria DC, de la UP. Las presidieron las mismas leyes.

2.4. La DC y su candidato Tomic cambiaron de caballo en medio del río, abandonando a Frei y el lema de 100.000 nuevos propietarios agrícolas, para hacer de los ‘‘transitorios’’ asentamientos una muy definitiva propiedad ‘‘comunitaria’’, sin dueños individuales. Se abrió así el camino al colectivismo agrario de la UP.

2.5. Se aplicó a las expropiaciones agrícolas reglas distintas que a los OTROS PROPIETARIOS: pago diferido, ocupación sin previo pago, pago SIN REAJUSTE de una parte del precio. Ello, de hecho, significó CONFISCAR esta parte, anulada con la inflación de 1972/1973 (250% y 600% respectivamente). Para que estos abusos no fueran reclamables, se los configuró como reforma constitucional. Abriendo la puerta, de tal modo, para que un grupo de propietarios chilenos fuera discriminado brutalmente... y pensando que lo aceptarían sin chistar.

Aquí quedaremos... por el momento.

Cleptocracia, burrocracia, ¿democracia?, por Álvaro Bardón

En las democracias se respetan la libertad y los derechos de las personas. El papel del Estado, siempre represivo, es velar por dichos derechos, y no el de gastar el dinero que nos arrancan tributariamente en burradas -tipo ferrocarriles, Chacao, programas sociales de mentira, burócratas amigos de los partidos, empresas ineficientes que deberían cerrarse (nunca ha ocurrido), elevados sueldos de ministros, ejecutivos y parlamentarios ansiosos de "royalties" y sobres brujos-, todo eso, además de chambonadas como las del Transanlagos. Esta última innovación burrocrática es lo máximo: los gobernantes legislan y se gastan millones de dólares y, como resultado de esta estupidez, nos suben los impuestos para entregar mis ingresos a subsidiarla. Como en el viejo chiste: al final, el hijo de rana soy yo.

Nos informan que las empresas del Estado andan cada vez peor, algo que sólo sorprende a los socialistas de medio siglo atrás o más, y a nuestros gobernantes, que por allá se quedaron, sin comprender que la planificación, el estatismo y su ruina resultante ya murieron.

Desde los inicios de "la dictadura" (¿cómo estuve?) hasta el presente, debo haber escrito unos mil artículos denunciando los robos y abusos, la mala calidad y la ruina macro y microeconómica derivada de las empresas estatales. Nuestros socialistas, incluidos los de derecha y variados PhD, simplemente no logran entender que el progreso lo hace la gente actuando con libertad, en un marco de respeto por las instituciones y de correctos incentivos, como los que el mercado (es decir, toda la gente) viene aprendiendo y experimentando por miles de años. Cuesta mucho encontrar un programa, organismo o empresa estatal -más allá de los destinados a velar por el respeto de los derechos humanos y las reglas de convivencia- que aporte al progreso de la humanidad. El Estado benefactor, archifracasado también en Chile, se denuncia hasta en Europa por sus costos, burocracia, servicio malo y caro, y generación de incentivos perversos, antitrabajo y antiemprendimiento.

En Chile tenemos una cleptocracia que privilegia a la burrocracia ociosa del régimen con pegas, contratos, becas, premios y crecientes privilegios, en desmedro del resto, que paga impuestos. Y con el cuento de "lo social" y de un gasto público que "tiene que aumentar más que el producto", se debilitan el crecimiento, los empleos y la igualdad de oportunidades. Más aún cuando a las pegas y favores públicos acceden sólo los "progresistas".

El gasto público hay que congelarlo y racionalizarlo, cerrando todo lo inútil, algo nunca visto en Chile. ¿Me podrían señalar para qué ha servido el enorme gasto público desde 1990 hasta ahora? No hay más educación de calidad y la salud está cada vez peor. El innegable mejor nivel de vida de los pobres (con trabajo) es, simplemente, por el mayor crecimiento de la economía, algo normal en el mundo moderno, y que en Chile ya lleva como 30 años.

Hay que bajar a la mitad los sueldos de parlamentarios, ministros, consejeros, presidentes y altos burócratas y prohibir la reelección, además de poner un impuesto a los primeros cuando aprueben gastos vergonzosos, como los del Transanlagos, ferrocarriles o de programas sociales que terminan en coimas, robos o financiamientos de campañas -es decir, casi todos-. Y no más "tenidas oficiales" ni avioncitos (dos) para "turistear" a todo costo.

¿Se podrán gravar la burrocracia, el deschavetamiento chavista cleptócrata, o el navarroso neosocialismo siglo XXI?

Nota de la Redacción:
Para aquellos que no entiendan los términos, desde nuestro diccionario traducimos las siguientes expresiones:


Cleptocracia: Gobierno de los cleptomanos,Ladrones conpulsivos.
Burrocracia: Gobierno de los asnos.