Dolores de ajuste en Europa,
por Alejandro Ferreiro.
Noche agitada en Bruselas la de ayer. En maratónica sesión, los ministros de finanzas de los 27 países de la Unión Europea buscaban la forma de proteger a los países más frágiles del bloque de la creciente desconfianza manifestada en los mercados de deuda pública acerca de su capacidad de honrar sus obligaciones. La urgencia del rescate no surge solo, ni primeramente, por solidaridad frente a las economías más aproblemadas de Portugal, Irlanda, España y, por cierto, Grecia. Lo que verdaderamente parecía en juego era la estabilidad y sobrevivencia del euro junto al considerable riesgo de arrastrar al continente europeo a un segundo impacto recesivo de impredecibles consecuencias económicas, sociales y políticas. En la madrugada de este lunes, los líderes de las economías de Europa acordaron un paquete de ayuda de hasta 720 mil millones de euros. Garantías entre estados, préstamos de emergencia administrados por la Comisión Europea (especie de poder ejecutivo de la UE) y un incremento del apoyo del FMI forman el nuevo instrumental de ayuda que marca la principal reforma al sistema monetario europeo desde la creación del euro en 1999.
La urgencia de acordar algo contundente y tranquilizador un domingo en la noche buscaba evitar que la desconfianza en las finanzas europeas se tradujera en un colapso bursátil el lunes por la mañana que hiciera más costoso aún, si no imposible, el rescate del euro. Al menos, por el momento, el objetivo se ha logrado. Las bolsas asiáticas, europeas y americanas han reaccionado con optimismo y fuertes alzas, revelando que el plan de “blindaje europeo” se percibe creíble y suficiente.
Pero si la Unión Europea logra evitar el colapso de su moneda y el de sus países miembros más endeudados y dependientes del capital extranjero, nada podrá evitarle el sufrimiento del ajuste. Buena parte del debate nocturno en Bruselas apuntó a la necesidad de sacrificios adicionales en el presupuesto fiscal en Portugal y España, cuyos déficits bordearon el 13% el año pasado. Ya la calle y las encuestas se han opuesto al draconiano, aunque inevitable, plan de ajuste griego. Nada de popular resulta el congelamiento de salarios públicos, el despido probable de cerca de 100.000 funcionarios y el aumento de la edad de jubilación anunciado en Atenas.
El Estado de bienestar europeo enfrentará su mayor desafío en décadas. Un continente aún convaleciente por la crisis mundial deberá retirar aceleradamente el estímulo del gasto público para evitar una crisis de deuda. Un ajuste fiscal sobre economías débiles dañará aún más el crecimiento y el empleo. La estabilidad política de los gobiernos será sometida a prueba, como también la vocación europeísta de las naciones que, sumidas en la recesión, sufrirán como nunca los costos de carecer de autonomía para ajustar tasas de interés o devaluar sus monedas. La unidad monetaria europea funciona bien en tiempos de bonanza –y de hecho contribuyó a alcanzarlos– pero resulta rígida y costosa cuando se trata de administrar las crisis económicas. Los ajustes, en este escenario, sólo pueden darse a nivel del gasto público y la productividad. Costosos efectos en el nivel de empleo y de salarios serán parte del escenario previsible. Estos sacrificios no son fáciles de hacer en democracia. Tiempos difíciles para los liderazgos políticos del viejo continente: será la hora de distribuir sacrificios y concentrarse en las responsabilidades cívicas, más que en la expansión de los derechos que ha caracterizado a la política europea en las últimas décadas.
Buena parte de Europa deberá enfrentar algo que en Chile no conocemos desde hace casi medio siglo. Debemos remontarnos al período de Jorge Alessandri después del terremoto de Chillán para encontrar el último caso de ajuste fiscal de cierta importancia en democracia. Desde entonces, la democracia chilena ha convivido sistemáticamente con aumentos anuales en los niveles de gasto público. Los ajustes fiscales significativos de las últimas décadas fueron aplicados en el gobierno de Pinochet.
Presumo que no sería nada de fácil para un gobierno democrático, especialmente a la luz de la fascinación que producen las encuestas, aplicar un ajuste fiscal en Chile de la envergadura de los que hoy resultan inevitables en varios países europeos. Siempre habría buenas razones para dejar al próximo gobierno la aplicación de los sacrificios impopulares. Razón adicional para aquilatar las fortalezas fiscales construidas en este país en los últimos años. A la responsabilidad fiscal impulsada por los gobiernos concertacionistas, debe agregarse un sistema de pensiones autofinanciado en el que las variables principales se ajustan mediante decisiones individuales que no afectan mayormente el tesoro público. Cuando Europa se ve enfrentada a la necesidad, tan impopular como impostergable, de aumentar la edad de jubilación o disminuir el monto de las pensiones, cobra relevancia la característica del sistema chileno que entrega a cada persona, la ponderación de los costos y beneficios de elegir cuánto cotizar y cuándo jubilarse.
