Nuevo marco regulatorio para el Transantiago,
por Felipe Morandé (*)
Acaba de entrar en vigencia la Ley 20.504, que crea un régimen regulatorio nuevo y especial para el transporte público licitado en todo el país, incluyendo por cierto a Transantiago. Este nuevo marco legal es el resultado de un arduo trabajo entre el Gobierno y parlamentarios de todo el espectro político, entre julio y diciembre del año pasado, y fue parte del amplio acuerdo político sobre Transantiago y transporte público en general que me tocó negociar a mediados de 2010, junto al equipo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Dicho sea de paso, este fue el primer acuerdo político entre el Ejecutivo y la oposición realizado durante la actual administración.
Es sabido que Transantiago se construyó sobre unas bases de licitación y contratos de pésima factura, con incentivos muy mal puestos, rígidos en su aplicación y extremadamente onerosos para el Estado. Un chaleco de fuerza para la autoridad y los usuarios de cara a mejorar el sistema y ajustar sus finanzas a la reducción en apenas tres años (2011-2013) de casi US$ 500 millones anuales de aporte de los contribuyentes, un tercio del costo total. El nuevo marco regulatorio es parte de los cimientos necesarios para enfrentar los problemas de Transantiago y debiera permitir, si todo sale y se hace bien, alcanzar una solución razonable a sus principales problemas a fines de este año o comienzos del próximo.
Entre los elementos destacables que trae la ley recién promulgada está la mención explícita a causales de término de los contratos con las empresas concesionarias, como el mutuo acuerdo, la caducidad, la quiebra y la infracción sostenida a los derechos de los trabajadores. Increíblemente, hasta ahora la quiebra abría un gran espacio de incertidumbre, no existía la alternativa de terminar los contratos por mutuo acuerdo, ni tampoco los incumplimientos laborales eran tratados con el rigor que merecen.
También desde hoy la autoridad podrá intervenir a una operadora en forma rápida y expedita para garantizar la continuidad del servicio -en caso de que la concesionaria haya interrumpido el mismo-, sin tener que esperar un proceso administrativo de varios meses.
La nueva ley también regula a los servicios complementarios; por ejemplo, el AFT (Administrador Financiero de Transantiago) o las entidades que en el futuro cumplan el rol de administración financiera y de control de flota. Estos servicios se podrán concesionar separadamente, incorporando nuevas tecnologías, lo que irá en beneficio de los usuarios y permitirá reducir los costos.
Por otra parte, uno de los problemas que presenta actualmente el sistema es que existen empresas que no cumplen a cabalidad con los derechos de los trabajadores, incluyendo sus prestaciones sociales, aspecto que el nuevo marco regulatorio cautelará firmemente y que fue una de las principales preocupaciones de nuestros parlamentarios de todos los sectores.
La ley promulgada contiene también un mejor trato de la quiebra, define que hay bienes afectos a la concesión y establece requerimientos de información completa y oportuna a las empresas operadoras. Pero lo más llamativo es que, en su articulado transitorio, la ley abre una ventana de tres años para que el Estado pueda incluso comprar los contratos vigentes, atendiendo a que existe una razón de interés público para realizar esta acción. Se establece un mecanismo expreso para resolver las diferencias en cuanto a las indemnizaciones que pudieran existir entre el Estado y el concesionario expropiado. Esta es una herramienta fundamental en el esfuerzo que debe hacer este año la autoridad para reformular el Transantiago.
A la ardua tarea legislativa que supuso la gestación de este nuevo marco regulatorio en 2010, ahora debe seguir la difícil misión de negociar con las empresas operadoras un sistema de transporte público en Santiago que, respetando las complejas restricciones financieras ya comentadas, también se encargue de devolver la dignidad a los sufridos santiaguinos con un sistema de mejor calidad.
(*) Ex Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
(Tomado de Diario El Mercurio)
